El Consell mantiene la atención sanitaria a inmigrantes aunque se suspende la ley

Tras conocer la decisión del tribunal, la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, comunicó que la Generalitat Valenciana acatará la decisión. Sin embargo, destacó que «ninguna persona va a quedarse desatendida en la Comunitat Valenciana». «Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las personas que residen en la Comunitat Valenciana», señaló la consellera. «No vamos a dejar a ningún ciudadano desprotegido».

En similares términos se pronunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien anunció que el Consell dictará una norma para que «cualquier ciudadano que acuda a un centro de salud sea atendido» y pidió «tranquilidad» frente a la paralización cautelar de la atención sanitaria para inmigrantes. Según afirmó Puig, «todas las personas que viven en la Comunitat han de estar tranquilas porque van a recibir asistencia sanitaria. Es una cuestión de lealtad a los ciudadanos, que tiene que ver con la dignidad y esencia del Gobierno valenciano, que cree en la solidaridad y la igualdad».

«Me parece impresentable que el Gobierno de España haya recurrido aquí lo que no ha recurrido en otras comunidades. Forma parte de esa persecución insólita y no es la mejor forma de recuperar el diálogo», añadió. Asimismo, avanzó: «Vamos a pleitear en el Constitucional y conseguiremos que todos los ciudadanos que viven en la Comunitat tengan derecho a la atención sanitaria».

El pasado mes de octubre, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que presentaba un recurso de inconstitucionalidad contra la norma de la Conselleria de Sanidad, argumentando que invade sus competencias. En concreto, el Gobierno central señalaba que el decreto que se ocupa del acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad «puede incurrir en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado».

Una vez admitida a trámite la norma y suspendida de forma cautelar, el Tribunal Constitucional da un plazo de 15 días para que la Generalitat, el Congreso de los Diputados o el Senado «aporten cuantos documentos y alegaciones consideren convenientes». La suspensión podrá ser ratificada o levantada en un plazo no superior a cinco meses.

El Tribunal Constitucional recordó ayer, a través de un comunicado, que la admisión a trámite del recurso «no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas».

Desde la Conselleria de Sanidad recordaron ayer que el decreto ley de universalidad de la atención sanitaria «fue avalado por la Abogacía General de la Generalitat y fue validado en las Cortes con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios, donde no obtuvo ningún voto en contra». En opinión de Montón, «con la legislatura prácticamente agotada, el Gobierno de Mariano Rajoy insiste en su propósito de recortar derechos y acude al Tribunal Constitucional para obstaculizar que en la Comunitat Valenciana se preste una asistencia sanitaria integral a todos los ciudadanos». Montón sostiene que el Gobierno valenciano solicitará el levantamiento de la suspensión anunciada en cuanto se reciba la notificación del alto tribunal en la Conselleria.

Ante dos casos similares en el País Vasco y Navarra en los que el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional por motivos similares a la norma valenciana, Sanidad recuerda que «el Tribunal Constitucional levantó la suspensión y reconoció el derecho de toda persona a recibir una atención sanitaria integral».

Devolver la sanidad a los inmigrantes sin papeles fue la primera gran medida que adoptó la consellera de Sanidad, Carmen Montón, tras acceder al cargo el pasado mes de julio. Durante estos meses ya hay más de 5.400 personas con cobertura normalizada, de las 30.000 que se estima que resultarán beneficiadas.