El TSJ de la Comunidad da un plazo de cinco días a la Conselleria de Educación para que especifique las medidas que ha adoptado para cumplir la resolución judicial que ha suspendido cautelarmente el decreto de plurilingüismo.
Tras el incidente de ejecución presentado por la Diputación Provincial para que el tribunal exigiera a Educación el cumplimiento del auto, por considerar que se está obviando, el TSJ pregunta a la Generalitat las medidas adoptadas que evidencien que se paraliza el nuevo modelo lingüístico educativo valenciano.
El mismo tribunal solicita a la conselleria que identifique algún cargo o funcionario para hacerle responsable del cumplimiento de la resolución judicial en el caso de que se produzca desobediencia.
En la providencia notificada por las partes a la sección cuarta de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, los magistrados piden información concreta sobre "las medidas adoptadas para la efectividad de la suspensión acordada".
Los jueces se refieren al auto del pasado 23 de mayo por el que a instancias de la Diputación de Alicante, que recurrió el decreto del plurilingüismo y solicitó la suspensión cautelar del mismo, la sala suspendió cautelarmente la puesta en marcha del nuevo modelo lingüístico hasta que se dicte sentencia sobre su legalidad.
El tribunal reitera de nuevo que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, pero solicita a la Conselleria de Educación la identidad de la autoridad o funcionario al que se haga responsable de hacer cumplir el auto.
El TSJ reclama un nombre para "exigir responsabilidades en el caso de que se apreciara desobediencia".
Como informan desde la magistratura, esta nueva providencia no es firme y cabe interponer recurso de súplica ante la propia Sala de lo Contencioso, después de haber desestimado el recurso que interpuso Educación contra la suspensión provisional el decreto que fija las horas que han de ser impartidas en valenciano y en castellano en los centros educativos.
Los magistrados sostienen que, de no suspender temporalmente esta norma, "al finalizar el ciclo formativo, la acreditación será inferior para los que opten por el castellano, y el hecho de que puedan completarla mediante un sistema a determinar evidencia que existe discriminación entre los que opten por el idioma castellano frente al valenciano, que no necesitarán completación alguna para la acreditación de inglés".
