El Gobierno que dirige Rajoy concluye finalmente que el modelo lingüístico decretado por el Consell y que mantiene paralizado el TSJ de la Comunidad a falta de dictar sentencia, «es fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación».

La respuesta que ha dado a Ciudadanos la Alta Inspección Educativa, el máximo órgano estatal de la enseñanza, coincide con el auto del TSJ en cuanto a la discriminación que pueden sufrir los alumnos matriculados en colegios en los que se haya elegido el nivel de enseñanza lingüística con la mayoría de las clases en castellano.

En la progresión anual y curso a curso del plurilingüismo «aumenta la utilización del valenciano y el inglés como lenguas vehiculares en asignaturas no lingüísticas, y disminuye el número de asignaturas que se imparten en castellano... Esta vinculación de valenciano e inglés puede ser un elemento discriminatorio para el alumnado», precisa el documento al que ha tenido acceso INFORMACIÓN.

La conclusión del informe estatal que solicitó la diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín, desmonta el reiterado argumento de la Conselleria de Educación sobre el respaldo del Gobierno al plurilingüismo puesto que no lo ha recurrido judicialmente.

La inspección Educativa sostiene que los centros de zonas castellanohablantes «es lógico que escojan el nivel básico, y estos alumnos no tendrían posibilidad de acceder a niveles superiores de inglés».

Se añade como igualmente «discriminatorio, el hecho de no se permita a los alumnos de niveles inferiores (el plurilingüismo básico), obtener la acreditación en inglés y en valenciano, al recoger el decreto la diferenciación en la obtención de certificaciones». Al tiempo que se echa en falta que el decreto especifique las medidas a adoptar con los alumnos que quieran obtener una certificación superior.

El máximo exponente estatal de la educación recomienda, a su vez, que en los centros con nivel avanzado «el horario en castellano equivalga, al menos, a la cuarta parte del total de la etapa, y que se elija una troncal, dado que va a ser la única no lingüística que el alumnado reciba en la lengua oficial del Estado».

Finalmente la Inspección considera que el decreto de plurilingüismo «contraviene» la Lomce «al atribuir al consejo escolar la capacidad de aprobar el proyecto lingüístico». Para este organismo representante de Gobierno en materia educativa, la atribución de esta medida corresponde a los directores de los centros.

El consejo escolar podría «evaluar los proyectos, no aprobarlos», por lo que el decreto «puede no ajustarse al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad».