La costa alicantina, y de la Comunidad Valenciana en general, queda fuera de los distintos acuerdos que varias concesionarias de autopistas tienen con el Gobierno central o con gobiernos autonómicos para la gratuidad en el uso de tramos específicos de estas vías o la aplicación de descuentos y bonificaciones. En otras partes del país se han tomado en los últimos años medidas que permiten a los conductores esquivar el paso por travesías importantes o hacer trayectos cortos por la autopista sin tener que pagar, la mayoría a través de convenios. En cambio, en la Comunidad Valenciana esto no se da salvo en tramos específicos libres de peaje desde el inicio de la concesión de la autopista, pese a la saturación o la siniestralidad que presentan las vías alternativas.
En la provincia de Alicante se puede utilizar de forma gratuita la circunvalación de la capital entre San Vicente del Raspeig y Mutxamel, facilitando los desplazamientos metropolitanos, y tampoco hay barreras de peaje en la AP-7 hacia Cartagena entre Crevillent y San Miguel de Salinas. Sin embargo, en esta misma vía, eludir el paso junto a Torrevieja por la colapsada variante de la N-332 es imposible si no se abona la tarifa correspondiente. Y lo mismo ocurre a lo largo de todo el litoral norte, donde la misma carretera N-332 tiene un tráfico muy denso y además atraviesa las localidades de Altea, Benissa y Gata de Gorgos. Los principales perjudicados son los habitantes de la Marina Alta y la Marina Baixa, tanto para sus desplazamientos cortos como si quieren ir hacia Alicante o hacia València; en esta última dirección, nada más cruzar el límite provincial está la travesía de Oliva, similar a la de Altea: larga, por el centro urbano y muy angosta.
Al tratarse de zonas turísticas, tanto en el sur como en el norte, el problema afecta a miles de conductores más y se agrava en épocas como Semana Santa y verano. En otras zonas de la Comunidad, así como del resto de España, la problemática viene por el elevado tráfico de camiones que tienen las carreteras alternativas a las autopistas; un ejemplo muy significativo de ello es la N-340 en el norte de la provincia de Castellón.
Protestas con éxito
En algunos casos, las movilizaciones ciudadanas han logrado la liberalización de tramos de peaje, como entre Salou y Torredembarra, en Tarragona, tras las protestas de vecinos de varias poblaciones atravesadas por la N-340 hace ya dos décadas. En 1999 se aprobó que la AP-7 fuera gratuita exclusivamente para los desplazamientos internos de ese tramo, y aún hoy es posible utilizarla sin pagar en esos 25 kilómetros, pese a que con el tiempo se han hecho variantes e incluso se ha construido una autovía paralela. En otros casos no se ha llegado a tanto, pero sí se ha permitido el uso de la autopista para evitar una travesía. Un ejemplo es la AP-1, que comunica Burgos con las proximidades de Vitoria. La vía alternativa, la carretera N-I, atraviesa la localidad de Miranda de Ebro, con más de 35.000 habitantes. Desde 2006 es posible eludirla utilizando la autopista sin pagar. La prensa burgalesa publicó hace ya años que gracias a esta medida el paso de camiones por la travesía se había reducido en un 83%.
Por su parte, el gobierno de La Rioja suscribió en 2009 un acuerdo con el Ministerio de Fomento y la concesionaria de la autopista AP-68, que atraviesa de oeste a este esa comunidad. Desde entonces, los desplazamientos en el recorrido más cercano a Logroño son gratuitos para todos los usuarios que dispongan del sistema de Telepeaje, y también para cualquier trayecto de ida y vuelta que se haga dentro de territorio riojano (más de 110 kilómetros de recorrido de la autopista) en un mismo día. Eso sí, a cambio, tanto el gobierno de La Rioja como el Ejecutivo central tienen que compensar a la concesionaria. Según la administración riojana, el coste total de estas medidas fue de 7,91 millones de euros en el año 2014, dato más reciente disponible. Hay otro acuerdo similar con Aragón referido al tramo de esta misma autopista que discurre por la provincia de Zaragoza.
Hay otros ejemplos más, como la gratuidad de la AP-7 en el entorno de Girona, utilizando la autopista como circunvalación de la ciudad, o en la AP-4 entre Jerez de la Frontera y las proximidades de Cádiz. Mientras tanto, en la Comunidad no existen medidas de este tipo, algo que ha criticado estos últimos días el senador castellonense de Compromís Carles Mulet. El parlamentario, que pidió en febrero al Gobierno datos sobre la liberalización puntual de tramos de autopista, denuncia la «saturación» de las carreteras alternativas, y que la situación es «insostenible» y «peligrosa» en zonas turísticas de toda la Comunidad. También considera que las concesiones «se han prorrogrado hasta el abuso» y anuncia que volverá a pedir para los presupuestos de 2018 que se acondicione la AP-7 para cuando termine la concesión en 2020.
