La crisis económica, en general, y las tensiones financieras del Consell, muy en particular, frenaron en seco las obras de construcción del túnel del tranvía en la Serra Grossa en el año 2011. Con buena parte de la infraestructura ya ejecutada, la Generalitat que comandaba el PP decidió paralizar unos trabajos que iban a servir para poder aumentar las frecuencias aumentar las frecuenciasdel TRAM en ambos sentidos. El tiempo fue pasando, la situación de la hacienda autonómica continuaba bajo mínimos y el proyecto, por ende, no se retomó. Ahora bien, esa paralización de las obras no le salió gratis al Consell.
Según acaba de desvelar la Sindicatura de Comptes en el prolijo informe que entregó esta pasada semana en las Cortes Valencianas, el Ejecutivo autonómico está gastando nada menos que 17.000 euros al mes para mantener y vigilar la instalación. «El importe facturado por el contratista en el ejercicio 2015 ha ascendido a 204.000 euros, siendo el acumulado de 529.000 euros, desde noviembre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2016», reza el órgano fiscalizador.
El Síndic no entra a valorar la idoneidad de destinar esa cuantía para vigilar una obra paralizada. Eso sí, sí proclama que la Generalitat está cometiendo una irregularidad con esos pagos. En concreto, está incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). «Se ha comprobado que, desde noviembre de 2013, EIGE -Entidad de Infraestructuras de la Generalitat- viene pagando al contratista de la obra principal un importe de 17.000 euros al mes, en concepto de guardería, vigilancia y conservación de la obra, sin haber tramitado un expediente de contratación mediante procedimiento abierto como corresponde a su cuantía, según lo dispuesto en el artículo 138.2 de la LCSP», consta en el informe fiscalizador de la Sindicatura.
El organismo que dirige Vicent Cucarella afea además al Consell que no haya corregido esta situación a pesar de que ya le advirtió de la irregularidad en su análisis del ejercicio 2014.
Más allá de los números, la realidad es que la paralización de las obras está impidiendo aumentar las frecuencias del tranvía con la Playa de San Juan, El Campello y Benidorm. Y, por lo pronto, éstas no se podrán incrementar al menos hasta 2020. Cuando el Pacte del Botànic aupó al gobierno autonómico al PSPV y Compromís, el nuevo jefe del Consell, Ximo Puig, anunció que el reinicio de las obras del túnel de la Serra Grossa sería una prioridad. Y al fin, los Presupuestos de la Generalitat para 2017 han vuelto a consignar fondos para esa actuación. Las cuentas prevén 9,6 millones para las tres próximas anualidades, con la mayor cuantía en 2018.
Viviendas desocupadas
En su informe de fiscalización de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes también certifica que esta empresa dependiente del Consell posee un total de 458 viviendas en propiedad en la provincia de Alicante. Y de ellas, sólo 232 se encuentran alquiladas a familias con escasos recursos. El resto están vacías. «Dado el elevado grado de desocupación, EIGE está llevando a cabo un estudio, diagnóstico y decisión de cada promoción atendiendo a su casuística dentro del llamado Plan de rehabilitación de activos», explicita la Sindicatura.
