El vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, considera que la «regularización» de la actividad de la carga y descarga de graneles, bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia vecinal por presunta prevaricación por omisión, está en manos del Puerto. «La pelota está ahora en la Autoridad Portuaria», dijo Pavón, quien recordó el escrito que el Ayuntamiento remitió al presidente de esta administración, Juan Antonio Gisbert, para requerirle a obtener la licencia ambiental municipalobtener la licencia ambiental municipal. El vicealcalde recuerda que el Puerto ha pedido informes jurídicos, para determinar si es la administración portuaria o son las empresas a las que se debe exigir esa autorización municipal, pero apuntó que «nosotros entendemos que es la titular de la actividad».
El presidente de los vecinos de Gran Vía Sur, Manuel Alcón, recuerda que la denuncia por presunta prevaricación por omisión se dirige tanto al Ayuntamiento como al Puerto y tanto a los anteriores equipos como a los actuales «si no actúan». El tripartito ya ha movido ficha al entender que esa licencia ambiental sí es necesaria. Ahora, Pavón incide en que están a la espera de la respuesta del Puerto.
Para Pavón «lo procedente es exigir esa licencia a la Autoridad Portuaria» y agregó que «lo que no puede ser es que se siga desarrollando esa actividad sin licencia ambiental, eso no lo puede permitir ninguna administración». Con todo, el vicealcalde de Guanyar al igual que sus socios de gobierno (del PSOE y de Compromís) forma parte del Consejo de Administración del Puerto asegura que ambas administraciones así como el Consell «estamos comprometidos en que esa actividad se regularice». Algo en lo que coincide el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, al asegurar: «Estamos todos en el mismo barco».
El vicealcalde recuerda que la investigación de Anticorrupción se refiere a una actividad que se desarrolla «desde hace más de veinte años sin licencia ambiental porque otros gobiernos lo han consentido». Pavón descarta que la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción para discernir si hubo prevaricación al permitir la actividad de descarga de graneles del puerto sin una autorización ambiental municipal pueda acarrear un perjuicio económico para las arcas municipales. Agrega que «las responsabilidades penales se exigen a personas concretas, no al Ayuntamiento en genérico y veremos cuáles pueden dirimirse o no de la investigación; eso le corresponde valorarlo a la Fiscalía». Al respecto, dice entender «que puedan existir, pero yo las circunscribiría a personas de anteriores equipos de gobierno que no ejercieron adecuadamente su labor, sino que fueron gestiones marcadas por la desidia y por no defender los intereses generales frente a determinados intereses privados».
Recuerda que, «aunque se iniciaron expedientes» para la concesión de esta licencia ambiental a las empresas en 2008, «finalmente fueron archivados por el equipo de gobierno municipal del PP presidido por la exalcaldesa Sonia Castedo» en 2010. «La desidia del PP nos ha llevado a estas cosas», apuntilló Bellido.
Pavón subraya que «nadie quiere que se deje de realizar esta actividad, per sí que se tomen medidas que no tiene por qué suponer el cierre de la actividad». Al respecto, concluye que «es una actividad potencialmente contaminante de la atmósfera».
Tanto Bellido como Pavón reiteraron su disposición a entregar a la unidad de blanqueo de capitales de la Policía Nacional toda la documentación sobre los graneles que le ha reclamado la Fiscalía.
