Un local de ocio del Casco Antiguo ha presentado una denuncia en los juzgados de Alicante contra el vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, al que acusa de un presunto delito de prevaricación en la tramitación de una sanción por la supuesta infracción de la ordenanza de veladores. Los hosteleros ya avisaron de que recurrirían a los tribunales si veían dañados sus derechos y ésta es la primera de las denuncias que interponen. Pavón, por su parte, defendió su labor en la aplicación de la normativa municipal y consideró que la denuncia obedece a una «estrategia por parte de un sector de los hosteleros para hacer ruido y desestabilizar al tripartito». El edil aseguró que «no quieren que se aplique la ordenanza y quitarme de enmedio» como responsable de Vías Públicas.
La denuncia, que se presentó el miércoles, se dirige al edil y a un técnico municipal. En ella se hace referencia a un expediente sancionador de julio de 2015. Pavón esgrime que la sanción al referido local, en el entorno de la plaza de San Cristóbal, obedece a que «no disponía de la autorización» municipal para ocupar los metros cuadrados de terraza. Algo que no comparte el local de ocio denunciante, que advierte en su denuncia de la «ilicitud del decreto» municipal.
El edil asegura que el denunciante «no pagó la tasa correspondiente que da derecho a ocupar la vía pública y que, hasta que no se paga, no se puede poner» el velador. Pavón agrega que se trata de un caso de «reincidencia» y que por ese motivo, además de la sanción económica de mil euros, se aplicó, por primera vez, la suspensión de la autorización por tres meses. «Aplicamos la ordenanza», sostiene el edil.
«Indefensión»
Una vez presentada la denuncia, deberá asignarse a un juzgado, que tendrá que decidir si la admite o no a trámite. El denunciante argumenta una «grave indefensión y un perjuicio irreparable» y asegura haber pedido «en tiempo y forma» la revisión de la resolución municipal y su anulación.
Para Pavón, la denuncia resulta «desproporcionada y fuera de lugar» y «no tiene ningún recorrido». Al respecto, agregó: «Parece que haya una consigna de cierto sector de los hosteleros para que me denuncien. Es una estrategia que no entiendo. Creo que se utiliza al sector para intereses que pasan por desestabilizar al tripartito. Vamos a seguir aplicando la legalidadlegalidad, le pese a quien le pese».
Desde el entorno del local denunciante no realizaron declaraciones. Por su parte, el portavoz de la Asociación de Locales de Ocio (Alroa), Lalo Díez, al ser preguntado al respecto de la denuncia y las afirmaciones del edil consideró que «tanto los ciudadanos como los empresarios tienen que cumplir con unas normas y si creen que se vulneran sus derechos, defenderlos». Instó a Pavón a hablar «claro y con nombres y apellidos» y aseveró que los hosteleros se sienten «atacados, vilipendiados y ninguneados». Acusó al edil de Vías Públicas de querer hacer «un ZAS (Zona Acústicamente Saturada) encubierto».
El conflicto de los veladores mantiene enfrentados a hosteleros y vecinos. El concejal de Vías Públicas, viene defendiendo, como medida para ponerle coto, una aplicación estricta de la ordenanza municipal. Pavón también proyecta planes para reordenar los veladores, con reducción de mesas y sillas en algunos espacios. Algo que los hosteleros rechazan de plano al asegurar que provocaría el cierre de sus negocios. Ante ello, los locales de ocio pidieron su mediación a los socios de gobierno de Pavón. La semana pasada se reunieron con el portavoz del tripartito y líder de Compromís, Natxo Bellido. Este último propuso a sus socios de gobierno la creación de una mesa de diálogo, con hosteleros, vecinos y representantes de todos los grupos municipales para buscar una salida al conflicto.
El alcalde, Gabriel Echávarri, apoyó la medida que, en la práctica, supone diluir la autoridad de Pavón en las decisiones sobre veladores. Los hosteleros, por su parte, reclaman que los planes de ordenación de veladores se suspendan hasta que se celebre esa mesa de diálogo y de ahí salga una propuesta consensuada. Quieren, además, que el asunto se debata en el pleno. Este es el punto en el que se encuentra el conflicto por la ocupación de la vía pública en la ciudad.
