Una entente para relanzar el Puerto de Alicante, que está en el furgón de cola de los muelles de mercancías de España. Atrás quedan los tiempos en que los plenos del Ayuntamiento eran una guerra y, en una sesión casi de guante blanco, los cinco grupos municipales se pusieron ayer de acuerdo sobre la marcha para impulsar el Consejo Local Puerto-Ciudad, que trabajará en la idoneidad de la zona franca que quiere crear la Diputación, que así se lo pidió al alcalde y que cuenta con el visto bueno del Gobierno de Rajoy, para que el Puerto alicantino pueda atraer nuevas líneas y generar inversiones dado que estaría libre de impuestos. Este consejo, que tendrá 15 miembros de los distintos grupos, será consultivo y en el que participarán colectivos sociales y ciudadanos con voz pero sin voto, también abordará el desarrollo de las instalaciones y su planeamiento en el marco del nuevo Plan General, según adelantó el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, con una vocación de apertura a la ciudad.
La propuesta de crear este consejo y su reglamento de funcionamiento partió del grupo popular, y fue defendida por su portavoz adjunto, Carlos Castillo. Tras las críticas iniciales de Pavón porque en el texto brillaba por su ausencia la integración urbana y ambiental del Puerto, así como los problemas con la manipulación de mercancías y los graneles, y de Natxo Bellido, portavoz de Compromís, al entender que el PP nunca se ha preocupado de la incomunicación entre Puerto y ciudad, el alcalde, Gabriel Echávarri, afirmó que el Ayuntamiento está dispuesto a liderar el crecimiento de las instalaciones alicantinas, dijo, para que dejen de ser una infraestructura residual (ocupan el lugar 22 entre 28 puertos) y situarlas entre las diez mejores de España.
«No puede ser que empresas como Famosa, Aludium o el mármol de Novelda embarquen sus productos en puertos que son competencia como Cartagena o Valencia. Si no conseguimos este reto en la legislatura, será un fracaso», apuntó Echávarri. Dado que Ciudadanos invitó a trabajar en serio en las relaciones Puerto-ciudad olvidando la desconfianza del pasado, los cinco grupos pactaron una enmienda sobre la marcha en la moción del PP para que el nuevo consejo trabaje también en el desarrollo e integración ambiental y urbana del Puerto, como quería el tripartito, y delimitará el perímetro de la zona franca.
Aunque el entendimiento predominó en la semana de los cien días de gobierno, los portavoces del PP y Ciudadanos, Asunción Sánchez Zaplana y José Luis Cifuentes, manifestaron su enfado por la gran cantidad de asuntos que el gobierno municipal tripartito introdujo a última hora para «no dar opción al diálogo». Esto ocurrió, explican, con la urgencia para suprimir la ordenanza de mendicidad y prostitución; con una propuesta sobre ciudades de refugiados y cuatro declaraciones institucionales, entre ellas una sobre fondos para víctimas de violencia de género y otra más sobre la financiación autonómica, en la que se instaba al Gobierno Central a un reparto más justo entre comunidades y en cuya defensa el tripartito se quedó solo. El alcalde argumentó que el reglamento que regula las urgencias lo aprobó el PP.
