El ayuntamiento de Alicante ha acordado derogar la ordenanza municipal de mendicidad y prostitución aprobada por el anterior gobierno popular, de la popular Sonia Castedo y promovida desde la concejalía de Seguridad que dirigía Juan Seva.

La decisión se ha tomado durante el pleno de esta mañana con los 15 votos a favor del equipo de gobierno tripartito (PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís) y en contra de Ciudadanos y PP, quienes han matizado que se oponían por ser una moción presentada por urgencia, lo que no les ha dejado tiempo para estudiarla en profundidad.

El portavoz de C's, José Luis Cifuentes, ha opinado que "las cosas no se hacen así", mientras que su homóloga popular, Asunción Sánchez Zaplana, ha acusado al gobierno municipal de promocionar el diálogo pero no llevarlo a cabo.

Al respecto, el alcalde Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE, ha respondido a los populares que presentarlo como urgencia es algo "conforme al reglamento que el PP aprobó con mayoría absoluta".

En cuanto a la ordenanza, el concejal de Seguridad, Fernando Marcos, ha defendido que la mendicidad y la prostitución "no se deben penalizar sino ayudar a esas personas a salir de esa situación", y ha opinado que la norma hoy derogada tenía "una visión sancionadora y no preventiva".

En esta línea ha seguido la edil de Igualdad, María José Espuch, quien ha dicho que "penalizaba a las personas que ya están en exclusión" y que "sólo escondía lo que no queremos ver".

Más dura ha sido la concejala de Acción Social, Nerea Belmonte, quien ha señalado que la ordenanza "desprendía estigmatización" y "criminalizaba a personas que son víctimas discriminadas y no delincuentes".

"¿Qué queremos: Sanciones o soluciones?", se ha preguntado al tiempo que ha añadido que el gobierno municipal promocionará "políticas inclusivas" y aumentará las ayudas para emergencia social en los presupuestos de 2016.

En otro orden de cosas, el pleno también ha aprobado que el ayuntamiento recupere la gestión de los tributos municipales, que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre de este año, poniendo fin al convenio firmado por el anterior gobierno del PP con Suma, entidad dependiente de la Diputación.

Según el equipo de gobierno, se ha hecho "de mutuo acuerdo" entre esta entidad y el consistorio y porque así, según el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, "se revierte una situación que era lesiva para los intereses del ayuntamiento" y que "el PP aprobó para tapar los agujeros económicos derivados de su mala gestión".

Tal y como ha defendido, la cesión de la gestión a Suma ha supuesto 2,5 millones de euros anuales en intereses, un dinero que, ha anunciado, se destinará a partidas de carácter social a partir de 2016.

En cambio, el popular Carlos Castillo ha defendido la decisión de sus anteriores compañeros al considerar que se tomó "por el desplome de los ingresos" debido a la crisis económica.

Hoy también se ha aprobado la creación de una comisión no permanente del pleno para constituir un Consejo Local Puerto-Ciudad, con el objetivo de que se integre eficazmente con Alicante en materias urbanas y medioambientales.

Este punto ha sido aprobado por unanimidad después de ser enmendado en el propio pleno por el equipo de gobierno y aceptado por los portavoces de cada grupo político.

Otra decisión a destacar ha sido la apertura, a partir del próximo 15 de octubre, de las piscinas municipales de la avenida Vía Parque, cerradas desde hace cuatro años tras no encontrar una empresa que se hiciera cargo de la gestión indirecta, intención de la anterior corporación del PP.

Ahora se abre a través de gestión municipal, aunque se cierran las instalaciones del monte Tossal debido a su deterioro por la falta de mantenimiento, el cual suponía un peligro para los usuarios, según ha asegurado la concejal de deportes, Eva Montesinos.

Por último, se ha aprobado por unanimidad incluir en el Plan Provincial de Ahorro Energético las obras de mejora de la eficiencia energética del alumbrado del castillo de Santa Bárbara, lo que supondrá un ahorro anual de 51.000 euros.