Las familias han empezado a reservar en librerías y grandes superficies los libros del curso que viene. El cambio de los contenidos que exige la Ley educativa, Lomce, que se generaliza en Primaria y se aplicará en primero y tercero de Secundaria, además de en primero de Bachillerato, implica un desembolso de más de 20 millones de euros en libros de textos en la provincia, gasto que rompe con la política de abaratarlos.
La ausencia de becas -pese a que tanto desde el Gobierno central como desde el Consell anuncian su recuperación- ha unido como una sola voz a representantes de los padres de alumnos de centros públicos y concertados, que advierten de que «no es obligatoria la compra de los libros de texto que cambian con la reforma educativa».
La propia Lomce incluye en su articulado este extremo: «En los cursos en los que se implante la nueva ordenación del sistema educativo, los centros orientarán sus actuaciones hacia la reutilización de libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de evitar obligaciones económicas añadidas a las familias».
La legislación echa la pelota al tejado de los docentes y les delega la responsabilidad del coste añadido para las familias, aunque en no pocos centros de la provincia han aprobado en los claustros -celebrados al término del curso- la elaboración propia y sin coste para el alumnado de los textos necesarios que completen los contenidos que exige la ley.
Avanzadilla
El colegio Gloria Fuertes de Alicante , un centro Caes que escolariza niños que precisan una atención educativa singular por la precaria situación económica y social de sus familias en general, está en la avanzadilla de la elaboración propia de textos y hasta de las fichas, amén de socializar también el material escolar que se queda en el centro para el uso diario de los alumnos.
También El Palmeral, por poner algunos ejemplos de centros de Primaria que desde que empezó a aplicarse la Lomce el curso pasado han tomado la delantera para evitar costes añadidos a las familias, socializa libros y material escolar posibilitando la denominada biblioteca de aula: los alumnos pagan alrededor de 100 euros, e incluso nada los menos desfavorecidos, por todo el año escolar incluidos libros y material.
Profesores del ámbito de las Letras en Secundaria apuntan, no obstante, que «determinados ejemplares están desfasados al margen de lo que cambia la Lomce, porque para motivar al alumnos los textos que se ponen como ejemplos deben ser lo más actuales posible y la sociedad ha cambiado en muchos aspectos en poco tiempo». Se refieren, por ejemplo, a que el tanga se perciba como elemento sexista, o a que la victoria del mundial de fútbol en 2010, tras la mala imagen que dio la selección nacional en el de 2014 «ya no resulta un texto válido».
Los representantes de padres de alumnos no ven más que «excusas» en argumentos de este tipo, e instan a que «el profesorado en general siga el ejemplo de los claustros que han decidido producir textos propios», como destaca el presidente de la Fapa Gabriel Miró, Ramón López.
Precipitación
Para colmo de trabas, los centros de Secundaria en esta Comunidad no han podido cumplir con la legislación que contempla textualmente que «la relación de los libros de texto y demás materiales curriculares seleccionados en cada centro, se deberán exponer en el tablón de anuncios antes del 30 de junio del curso anterior», porque el desarrollo de los currículos se publicó más tarde.
Aún así, y salvando el escollo que añade la precipitación, «muchos departamentos han cotejado los nuevos libros elaborados por las editoriales y los cambios son ligeros, de forma que se pueden completar con contenidos propios, pero siempre que previamente lo decida cada centro».
En este sentido, desde la Fapa Gabriel Miró exigen al profesorado que opta por cambiar los libros pese a todo, que se asegure de que los contenidos que han elegido finalmente se correspondan con lo que marca la ley, para que no suceda como este último curso, en el que se ha trabajado en Primaria con libros incompletos hasta en un 40%, a consecuencia de esta misma tardanza de Educación en publicar los nuevos contenidos.
Las editoriales no tuvieron tiempo suficiente para adaptar los textos al nuevo currículo de la Comunidad y ese desfase ha llevado incluso al Síndic de Greuges a tomar cartas en el asunto, para reclamar de oficio a la administración educativa que no cargue al bolsillo de las familias el coste añadido de las separatas que han elaborado algunas editoriales para subsanar esos errores.
Alerta
La Fapa Gabriel Miró alerta a las familias en general, estén o no asociadas en su respectivo centro, de que no vuelvan a comprar esos libros de nuevo -afectan a tercero y quinto de Primaria-, así como de que tampoco acepten lo que tachan de «mercadeo» por parte de algunas «editoriales que ofrecen rebajar costes a las AMPA que les compren el lote completo del curso que viene, regalando los textos ya arreglados. La ley fija que se deben mantener los libros al menos seis años y esta práctica perjudica a los que no tienen recursos y acuden al intercambio o a los bancos de libros», añaden.
El sector editorial, por su parte, tiene interpuestos contenciosos con varias autonomías, entre ellas la valenciana, por animar a los docentes a elaborar textos propios, porque entiende que atenta contra «la autonomía de los centros y la libertad de cátedra», así como «por financiar» textos añadidos.
