Los buenos datos de ocupación turística con el que ha comenzado la temporada alta en la Costa Blanca no van a tener un impacto positivo al cien por cien en la facturación el sector, debido al desvío de miles de clientes a los apartamentos que escapan al control, en una coyuntura imparable que provocará que el 50% de los ingresos de los turistas sean opacos, según los datos que maneja el lobby empresarial Exceltur. Un informe de la consultora Nielsen para la patronal revela, en plena temporada alta, que una plaza reglada produce 24.115 euros al año, por los 4.932 de una que escapa al control de la Administración. El 60% de los turistas extranjeros que llegará este verano a la Costa Blanca se alojará en apartamentos alegales, una actividad, a caballo entre la economía sumergida y el alojamiento colaborativo (intercambio de viviendas), imposible de regular.
Exceltur, que agrupa a las principales empresas del sector turístico español, ha presentado un informe que reclama un nuevo marco legal para afrontar los efectos negativos del creciente alquiler de viviendas para uso turístico, impulsado por las nuevas plataformas de internet con las que, según Antonio Mayor, presidente de la patronal hotelera Hosbec, habría que sentarse a hablar «para comenzar a regular este actividad. Por ejemplo, pidiéndoles que notificaran los nombres de los clientes alojados como hacemos con los de los hoteles».
Los hoteles de la Costa Blanca prevén una ocupación media del 75 % en julio, un 5 % más que en 2014, debido a la mejora del mercado nacional y la confianza de los ciudadanos en la recuperación económica. Un porcentaje en el que influye la recuperación del mercado nacional que, no obstante, de momento funcionó mejor en junio. Una gran parte de estor visitantes se alojarán en apartamentos «sumergidos», lo que impide llenar al cien por cien. Según Exceltur, el gasto de un visitante que elige una plaza reglada es de 150 euros al día. El turistas alegal gasta 80 euros.
La oferta sumergida de alojamiento turístico en la Costa Blanca produce un quebranto económico de 200 millones de euros al año a las arcas del Estado, del total de 800 millones en España. En concreto, de las partidas que deja de ingresar el Ministerio de Hacienda en concepto de IVA y los ingresos que no declaran los propietarios de las viviendas que las alquilan sin declarar la actividad. La oferta se ha disparado en los últimos años y el estudio advierte también de que el gasto de los usuarios de este alojamiento es un 50% por ciento menor que el de un turista convencional. Repercute también en el empleo. Cien plazas regladas generan 53 puestos de trabajo al año. Las mismas, sumergidas, sólo diez empleos.
La provincia registra anualmente en torno a las 90 millones de pernoctaciones de turistas en apartamentos, de los que 63 millones se realizan en viviendas que no están registradas. Una cifra desproporcionada en comparación con los 15 millones de pernoctaciones en los hoteles y que triplica a la de los apartamentos legales (23 millones).
Denuncia hostelera
Por otro lado, la Confederación Empresarial de Hostelería de la Comunidad -35.000 empresas y más de 150.000 trabajadores- reclamó ayer a los ayuntamientos que exijan el cumplimiento de la legislación que regula el concepto «food truck» (venta ambulante en camiones-tienda). Los hosteleros han detectado, en este sentido la proliferación de vehículos dond se cocina, cuando la normativa sólo les da derecho a la venta de comida ya preparada, según la patronal. Los hosteleros exigen la normativa de seguridad alimentaria y sanitarias.
