Las exigencias del Ministerio de Fomento han obligado a replantear los accesos al macrocentro comercial que se proyecta en Rabasa para tratar de evitar el colapso en la autovía. La solución aportada por Alicante Avanza pasa por un paso elevado sobre la autovía entre las rotondas de Alcoy y la Universidad coronado por dos rotondas en los extremos que redistribuyan el tráfico. Se contempla, igualmente, la instalación de semáforos en la rotonda de la Universidad para regular los flujos de vehículos en horas punta y un puente sobre el barranco de las Ovejas que recoja el tráfico procedente del sur.
Con estas infraestructuras, en las que se invertirán 19,6 millones de euros, se prevé absorber el tráfico que generará la actuación, que se estima en 21.153 vehículos de media al día, de 26.508 cuando se trate de un sábado. En cuanto a los accesos con el centro de la ciudad, se contempla una gran avenida longitudinal que conectará el sector con la Vía Parque así como un acceso por enfrente del cuartel de Rabasa.
Se trata de una actuación de impacto supramunicipal, que el proyecto extiende a un radio de una hora y media y una población de 2,5 millones de habitantes, teniendo en cuenta, incluso, parte de las provincias limítrofes. Alicante Avanza asegura que generará 9.000 empleos directos e indirectos y pondrá en circulación 10,8 millones de euros en sueldos. Sobre los plazos, se contempla que la urbanización dure 36 meses y que se realice por fases, dando prioridad a la manzana de Ikea y el centro comercial, para el que se fija un plazo de 16 meses y que se pueda contruir en paralelo a la urbanización para que su apertura sea inmediata una vez finalicen las obras. En cuanto a los aprovechamientos urbanísticos del sector, Alicante Avanza atiende la exigencia del Consell al repartir el 10% que debe ceder entre la administración autonómica y local a partes iguales.
El proyecto hace alusión al Plan Rabasa, anulado por el TSJ y pendiente de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso presentado por Ortiz. El Consell ya establecía que la aprobación del ATE debería llevar aparejado el desestimiento del plan que se hará cuando se produzca la aprobación definitiva. No obstante, en el plan se recoge que mientras no haya pronunciamiento del Supremo el plan parcial maniente su validez.
Tras la aprobación del proyecto como Actuación Territorial Estratégica por parte del Consell (en junio de 2014), Ortiz presentó una garantía de 899.000 euros. Ahora, el plan se expondrá al público 45 días, en los que también se pedirá informes a las administraciones. Las alegaciones podrán presentarse hasta el 13 de mayo, antes de las elecciones.
