Una nueva acusación se acaba de incorporar a la pieza que investiga la venta de preferentes, cuotas participativas y deuda subordinada de la CAM. A la que desde el inicio del procedimiento representa en la Audiencia Nacional a través del abogado murciano Diego de Ramón a más de medio millar de afectados por la compra de estos productos, se unen ahora otros 573 damnificados por la adquisición de los títulos con una peculiaridad: todos fueron empleados de la caja.
Agrupados en una asociación que han denominado Empleados perjudicados CAM (EperCAM), los antiguos trabajadores se dirigieron hace unas semanas al magistrado Javier Gómez Bermúdez, instructor del proceso, para solicitarle que admitiera una personación que vendría legitimada por su condición de perjudicados. Argumentaban para ello que los 573 asociados son propietarios, en conjunto, de 348.237 cuotas participativas, lo que arroja un perjuicio económico de 1.591.443 euros. Un total que han calculado tomando como base el precio de emisión de estos títulos (4,57 euros/cuota) aunque su valor (hoy amortizado a cero euros) registrara en algunos momentos picos más elevados.
Los antes miembros de la plantilla de la CAM y personados ahora contra la que durante muchos años fue su empresa no limitan los reproches al quehacer de la caja a la emisión y venta de estos productos financieros que lograron captar más de 55.000 clientes, lo que supuso una inyección de liquidez de la que tan necesitada estaba la entidad. En el escrito dirigido al magistrado explican que «además de perjuicio económico que ha supuesto la pérdida de la inversión en cuotas participativas (...) se ejercita la acusación particular por haber sido todos los asociados (en alusión a los miembros de EperCAM) engañados por los dirigentes de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo, quienes al emitir el folleto informativo relativo a la oferta pública de suscripción de cuotas participativas falsearon la información relativa a la solvencia de la caja y desinformaron a los empleados de la misma para que "colocaran" dicho producto financiero como si de un depósito a plazo fijo se tratara».
En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se decantaba porque los damnificados buscaran la solución en la vía civil, en vez de en la penal, el juez acordó en julio continuar investigando la emisión y comercialización de cuotas, preferentes y deuda subordinada al entender que al menos en una de las emisiones de preferentes se pudo cometer una estafa. Por ello ha solicitado al Banco Sabadell los test de idoneidad y tiene previsto citar a una «muestra significativa» de los afectados para conocer su perfil y poder determinar si realmente sabían lo que estaban comprando.
Responsables civiles
La aparición de esta nueva acusación particular puede complicar el horizonte judicial a las dos entidades consideradas responsables civiles en este procedimiento: la CAM (ahora Fundación CAM), a quien Gómez Bermúdez atribuyó esta condición en un auto dictado en septiembre de 2012, nada más comenzar la instrucción de los procesos por la gestión de la caja, y el Sabadell, incorporado a la causa también como responsable civil el pasado junio después de que así lo instara la representación procesal de la CAM. Al hilo de los argumentos esgrimidos por el letrado de la Fundación, el magistrado acordó llamar a la entidad catalana al procedimiento porque, como heredera del negocio financiero de la caja, sostenía que tiene que afrontar también los daños producidos por la comercialización de estos productos, una decisión que el Sabadell recurrió en reforma, donde se confirmó la presencia del banco en la causa, pero declinó hacerlo en apelación.
