El abogado que presentó en la Audiencia Nacional la querella contra la excúpula de la CAM, el murciano Diego de Ramón, aseguró ayer que la entidad tuvo que lanzar al mercado sus polémicas cuotas participativas en el año 2008 porque para entonces ya "no tenían ni un duro y los grandes bancos no le fiaban". Así lo denunció el también letrado de la Plataforma CAM durante su comparecencia en la comisión de las Cortes que investiga la debacle de la antigua caja alicantina y en la que también afirmó que la entidad se aprovechó de forma "planificada y continuada" de sus clientes más débiles para conseguir los fondos que no le daban los mercados internacionales.
De Ramón se mostró muy crítico con los exdirectivos de la entidad -sobre todo con el exsecretario general de la CAM José Pina, que no está imputado en la causa que instruye el juez Gómez Bermúdez pero al que el abogado considera un "personaje clave" en el entramado de la caja- y también censuró con dureza el papel de los gobiernos regionales que, como recordó, eran los que designaban a los responsables de la entidad. Así, en su opinión, "todo" lo sucedido en la CAM es atribuible al presidente de la Región de Murcia, Luis Valcárcel, y al expresidente de la Comunidad Francisco Camps.
En este sentido, aseguró que la CAM, Bancaja y el Banco de Valencia constituían una "autovía financiera" para estos ejecutivos regionales, el partido al que representan -el PP- y los empresarios afines al mismo, que recibieron miles de millones en créditos "sin garantía ni hipoteca". Por ello reclamó que la Central de Riesgos del Banco de España haga públicos todos los préstamos fallidos de la caja a fundaciones autonómicas, instituciones públicas, clubs de fútbol, formaciones políticas o los concedidos a proyectos como el de Polaris World, Seseña o Terra Mítica y "que se investigue".
"Todavía no se sabe nada de la CAM. Hace falta un proceso de instrucción más profundo para dejar limpia" la entidad, defendió Diego de Ramón.
Firmas falsas
Por su parte, el portavoz de la Plataforma CAM, Carlos Pena, denunció durante su comparecencia las numerosas irregularidades cometidas en la comercialización de las cuotas y las preferentes en la que, según afirmó, se llegaron a "falsificar firmas de clientes" y en otras ocasiones se les colocó el producto sin que ni siquiera lo supieran. Igualmente, defendió que "el gran fallo" en la gestión de las cuotas lo cometió el Banco de España al permitir que se constituyera el Banco CAM sin que se hubieran amortizado estos títulos anteriormente.
Pena protagonizó un momento de tensión con el portavoz del PSPV, Ángel Luna, cuando este criticó la falta de transparencia de la organización a la que representa que, entre otras cosas, carece de personalidad jurídica, como el propio miembro de la plataforma reconoció. "Lo decidimos así para que no pudieran actuar contra ella", defendió Carlos Pena, quien admitió que sólo tiene diez cuotas participativas pese a su relevante papel en la defensa de los afectados.
Con anterioridad pasó por la comisión de las Cortes el presidente de la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM, Víctor Baeta, que denunció la "campaña de acoso y derribo" que, a su juicio, acometió el Banco de España contra la caja alicantina. De igual forma, calificó de "vergonzante" la forma en que el supervisor, el FROB y la Generalitat se han ido "pasando la patata podrida" de las cuotas e ironizó si "al final la decisión de amortizarlas tendrá que tomarla el conserje o la señora de la limpieza".
Baeta también señaló que las preferentes se vendieron con "frivolidad" por parte de los empleados de la caja y que para colocar las cuotas se "chantajeó" a los clientes que acudían a las oficinas solicitando un préstamos. AIVCAM propuso un pacto entre el Consell, el Gobierno murciano y el Sabadell para compensar a los cuotapartícipes.
De Ramón se plantea ampliar la querella a homicidio imprudente
Por el delito de homicidio imprudente se plantea Diego de Ramón ampliar la querella que se instruye en la Audiencia Nacional contra la excúpula directiva de la CAM. El letrado que representa a más de medio millar de afectados por la compra de preferentes y participativas realizó este anuncio momentos antes de comparecer en la comisión de las Cortes. De Ramón considera que la entidad de ahorro tiene responsabilidad penal en las trágicas consecuencias que están teniendo situaciones derivadas de los desahucios. El letrado está a la espera de que la Audiencia conteste a su recurso contra la negativa del juez que instruye la causa de citar al exgobernador del Banco de España. M. G.
