La falta de seguridad en el abastecimiento de agua en calidad y cantidad, y los bajos precios han llevado a la agricultura de la provincia en los últimos 20 años a los niveles de explotación de los años 70 del siglo pasado. Alicante ha perdido en los últimos 20 años más de 40.000 hectáreas dejando el censo actual en 95.759 hectáreas, cifra similar a la que había en 1970 (91.700) y muy por debajo de las 136.415 hectáreas de1990.
Mientras esto sucede en una provincia con una de las agriculturas más rentables de la Unión Europea, la superficie de regadío se ha disparado en Castilla-La Mancha hasta las 212.573 hectáreas que, paradójicamente, se nutren con los recursos del río Júcar que Gobierno y Consell niegan a los regantes de las comarcas del Vinalopó y l´Alacantí, a los que han condenado a recibir caudales desalados de las plantas de Mutxamel y Torrevieja, aún en pruebas. Agua del Júcar que llega a Castilla-La Mancha para paliar la sobreexplotación de sus acuíferos. En Alicante, la bolsa subterránea está igual de amenazada y el caudal se extrae a 500 metros de profundidad, pero se le niegan los recursos.
Los datos forman parte de un informe realizado por el catedrático y exrector de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, quien advierte de que el gran problema del río Júcar no está en el envío de la mayor o menor cantidad de agua a la provincia, sino en la «desmesurada sobreexplotación del acuífero de la Mancha-Oriental. Una bolsa de agua subterránea que ha pasado de soportar una extracción anual de 30 hm3 para el regadío de 5.000 hectáreas, cuyos cultivos están subvencionados, a sacar hasta 450 hm3 al año, para atender las 135.000 ha que se han ido creando con los favores y privilegios de los sucesivos gobiernos centrales y autonómicos».
Origen del problema
Gil Olcina recuerda en su trabajo que el origen de esta coyuntura antinatural está en el «desastroso Decreto 950/1989, de 28 de julio, que declaró de interés nacional la transformación en regadío de 69.000 hectáreas de dicha zona. Dicha superficie se dedica mayoritariamente al cultivo del maíz, cosecha excedentaria y que precisa subvención de la UE. Un cultivo que se practica, además, en el marco de la mediana y, sobre todo, gran propiedad». Esta es la razón en la se que sustenta , según el catedrático, el origen del daño al régimen natural del Júcar. «En abierto contraste con ello, se niega a la provincia de Alicante una transferencia planteada desde 1420, y se llega al extremo, verdaderamente incalificable, de negarle hasta la posibilidad de ejercicio de los artículos 67 a 72 del vigente texto refundido de la Ley de Aguas (cesión temporal de derechos de agua entre regantes), condenando así al abandono de una actividad agrícola que históricamente ha venido siendo, como todavía lo es de manera agónica, un puntal de primer orden en las exportaciones agrícolas españolas e importante contribución a la compensación del déficit de la balanza de pagos española», subraya Gil Olcina.
El informe del exrector de la UA recuerda, en este sentido, que antes de que se produjese la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, el Júcar era el curso más regular de la vertiente mediterránea por la excelente calidad de sus caudales. A pesar de tener a su cargo el regadío de la Ribera valenciana, su regulación, en comparación con el Segura y el Turia, fue posterior, al punto que el gran embalse de Alarcón no se inició hasta 1954.
La Confederación del Júcar ha prohibido ampliar regadíos en Alicante, e impuesto contadores de agua para controlar el consumo en los pozos del Vinalopó. En ninguna otra zona de España se exige.
