La actualización de las tarifas del agua del trasvase Tajo-Segura para este año ha aumentado la discriminación que sufren, independientemente de la racanería de los envíos desde Entrepeñas y Buendía, los regantes de Alicante y Murcia en el pago del agua con respecto de los agricultores manchegos (Albacete) que reciben caudales del Júcar. Los agricultores alicantinos abonarán este año 28 veces más que los manchegos por un recurso que llega a cuentagotas y que está amenazado de muerte si al final prospera la redacción del Estatuto de Castilla-La Mancha con la polémica reserva de 4.000 hm3. En estos momentos, el metro cúbico de agua del Tajo se paga a 0,18 euros (29 de la antiguas pesetas), mientras que por el metro cúbico que llega a la zona de Los Llanos en Albacete sus regantes abonan 0,0039 euros (un peseta), según figura en la documentación oficial a la que ha tenido acceso el periódico.

Una situación discriminatoria que, además, afecta también directamente a la otra polémica que envuelve a los agricultores alicantinos y al Gobierno central. Se da la circunstancia de que el agua que llega trasvasada a Albacete desde el Júcar (80 hm3) se capta en el embalse de Alarcón, lo que garantiza su calidad.

El envío del caudal a Albacete se decidió en el mismo plan de cuenca del Júcar donde también quedó aprobado el trasvase Júcar-Vinalopó. Pero mientras el primero no se ha tocado, en el segundo, el que debe llegar a la provincia a partir de 2011, todavía no se conocen los precios (el único dato oficial facilitado fue en torno a 0,30 euros el metro cúbico) y, lo que es más grave, el agua se captará en el Azud de la Marquesa. Un punto conflictivo por la contaminación presente en los lodos del río, algo que trata de corregir ahora el Ministerio de Medio Ambiente con un informe para determinar qué actuaciones desarrollar.

El martes comenzará a trabajarse en el Congreso en el Estatuto de Castilla-La Mancha ya con la reserva incluida en el preámbulo. Un hecho que el PSOE trata de minimizar pero que a la mayoría de sus diputados ha pillado en fuera de juego para regocijo popular y que, por otro lado, ha disparado todas alarmas entre los agricultores de Alicante y Murcia.

El Gobierno tendría que pagar la friolera de 21.000 millones de euros (diez mil en la provincia de Alicante) a los agricultores, empresas y ayuntamientos que reciben agua del trasvase Tajo-Segura si al final se cerrara esta infraestructura, tal como temen los agricultores si al final prospera el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha con la reserva hídrica en Castilla-La Mancha de 4.000 hm3, a partir de la cual no se podría trasvasar agua ni a Alicante y Murcia, ni a Valencia, ya que parte de la cuenca del Júcar está en Valencia.

El cierre de la canalización representaría un coste para el Estado de 21.000 millones de euros, debido a la responsabilidad patrimonial en la que incurriría, puesto que alteraría las condiciones de prestación de servicio del trasvase, cuyos efectos se traducirían en unos graves perjuicios a los usuarios. Cerca de tres millones de consumidores, los agricultores que cultivan 198.178 hectáreas regadas por aguas llegadas desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, y las miles de empresas de distintos sectores que se benefician en la actualidad de estos caudales -25.000 dedicadas al sector servicios-.

los datos

0,0039 ?

Tarifa de risa

Es el precio que pagan los regantes de Albacete por el metro cúbico de agua que les llega del Júcar desde el embalse de Alarcón.

0,18 ?

Tarifa por el agua del Tajo

Mientras, los agricultores de Alicante y Murcia a los que llega agua del trasvase del Tajo tienen que pagar 28 veces más por el metro cúbico.

21.000 mill.

Indemnización

La patronal Coepa estima que el Gobierno tendría que pagar en concepto de indemnización por el cierre del trasvase veintiún mil millones de euros a los afectados de Alicante y Murcia.

Estatuto anticonstitucional

Los agricultores confían en que al final del todo la reserva de 4.000 hm3 reflejada en el preámbulo del Estatuto de Castilla-La Mancha se quede en un susto. Sus servicios jurídicos han encontrado en el texto hasta 18 artículos que vulneran la Constitución española.

Tierras de gran valor económico

Los expertos calculan que el valor actual de las explotaciones agrícolas que se riegan con agua del Tajo-Segura es de 8.770 millones de euros. Valor que caeria los 416 millones si pasaran ser tierras de secano.