Las reuniones mantenidas ayer entre el comité de huelga y la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos -UTE Alicante- se zanjaron sin acuerdo entre las partes, por lo que paro sigue adelante por cuarta jornada consecutiva. Los trabajadores exigen prorrogar durante cinco años el convenio colectivo, con una congelación de sus sueldos durante ese tiempo, pero rechazan las condiciones que plantea la empresa en asuntos como la contabilidad de la antigüedad, el proceso de bajas médicas o las vacaciones.
Hoy está previsto que se reanuden las conversaciones entre ambas partes para tratar de poner freno a una huelga que ayer dejaba ya más de 600 toneladas de residuos en los contenedores y las calles de la ciudad. Un volumen de basura que, previsiblemente, aumentará hoy con otras 200 toneladas. Y así diariamente hasta que trabajadores y empresa -el Ayuntamiento sigue manteniéndose al margen de las negociaciones- alcancen un acuerdo que ponga fin al conflicto.
No sólo siguen sin alcanzarlo, sino que las relaciones entre ambas partes siguen tensas. Por parte de UTE Alicante ya han presentado un escrito ante la Conselleria de Economía y Empleo en el que piden que se pronuncien en un plazo de 15 días sobre si la huelga tiene o no soporte jurídico. Tal y como ya avanzó este diario, la concesionaria considera que la huelga se aplazó el domingo, cuando ambas partes firmaron un acuerdo, que después rechazaron los trabajadores y que no impidió que arrancara el paro.
Por su parte, desde el comité de huelga aseguraron en un comunicado que tienen intención de denunciar a la empresa ante la Guardia Civil por los SMS que envió al móvil de los trabajadores en la jornada del martes -en ellos se les requería a asistir a su puesto de trabajo ante la posibilidad de que la huelga no tuviera «el soporte legal adecuado»- al entender que se lesiona su derecho a huelga. Desde el comité, añaden que se incumplen los servicios mínimos en el vertedero municipal, algo que desde UTE Alicante rechazan de plano.
En medio de estas tensiones y con un día de paréntesis por enmedio, ayer comité de huelga y empresa volvieron a sentarse a negociar. Los representantes de los trabajadores pusieron una nueva propuesta sobre la mesa, en la que planteaban congelarse el sueldo durante cinco años, pero recuperando su convenio colectivo íntegro. La propuesta de la concesionaria asumía la vigencia del convenio durante cinco años así como otras peticiones de los trabajadores referentes a la subida de categoría a los peones ordinarios o la revisión de la promoción interna. Sin embargo, en ella se planteaban algunas cuestiones que los trabajadores no están dispuestos a asumir al entender que «recortan y modifican» sus derechos laborales.
Los aspectos que distancian a ambas partes se refieren a la contabilidad de la antigüedad -la empresa vuelve a plantear que se actualice conforme a la fecha de entrada y no cada uno de enero- así como en el sistema de bajas médicas -la concesionaria quiere limitar el pago de los complementos a 30 días al año por trabajador, excepto en maternidades, hospitalizaciones y enfermedades graves- y en cuanto a las vacaciones. Sobre esto último, los trabajadores se enrocan en el mantenimiento de sus 43 días de vacaciones -con 35 días más 8 por compensación de excesos de jornada- y distribuidos de tal forma que puedan disfrutar de un mes en invierno y del resto en verano. La empresa, por su parte, reduce a siete los días por exceso de jornada que podrían disfrutarse en verano, pero plantea que los treinta y cinco restantes se disfruten en invierno.
El concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, aseguró ayer que no se habían registrado incidentes importantes, pero volvió a incidir en que se han detectado prácticas para dificultar la recogida de basuras, como el movimiento de contenedores o el depósito bolsas fuera de los mismos pese a no estar llenos. Llorens agradeció «el comportamiento y concienciación» de los vecinos ante el paro y dijo esperar que el conflicto «se solucione cuánto antes».
Por su parte, el concejal socialista Gabriel Moreno, exigió al equipo de gobierno local que, mientras dure la huelga, se decrete la suspensión de la llegada de basuras de otras otros municipios al vertedero de Fontcalent para evitar que, ante la falta de personal, «acabe enterrándose sin reciclar».
