La Conselleria de Infraestructuras anunció ayer la salida a exposición pública del nuevo Plan para la Prevención de las Inundaciones en la Comunidad Valenciana (Patricova) -renovación del documento aprobado en 2003- que mejora sustancialmente la cartografía de las zonas inundables de la provincia, apela a la prevención y alerta de que 160.000 alicantinos viven en zonas con riesgo de sufrir una inundación en caso de producirse un episodio de lluvias torrenciales.
En total, de las 581.515 hectáreas de superficie de la provincia, 42.645 hectáreas están amenazadas, un 7,3% del territorio. La Vega Baja, el tramo final del Vinalopó (Elche), la playa de San Juan de Alicante y los barrancos que desembocan en El Campello, litoral de Orihuela, Dénia, Calp y Ondara son las zonas más conflictivas.
Poco se sabe, sin embargo, de los 800 millones de inversión que se plantearon en 2003 para corregir las situaciones de riesgo y, por otro lado, pese a las recomendaciones de los técnicos y la propia Ley del Suelo de 2008 que obliga a que las zonas de alto riesgo se clasifiquen como suelo no urbanizable, los ayuntamientos siguen permitiendo urbanizar en áreas sensibles. Los alcaldes y concejales de Urbanismo se resisten a trasladar al planeamiento urbano municipal las directrices del Patricova.
Y mientras la consellera Isabel Bonig presentaba el nuevo plan, muchos de los barrancos susceptibles de convertirse en torrenteras seguían sucios y abandonados, y con el mar a 22 grados. Temperatura propia de junio, que convierte el Mediterráneo en un «polvorín» de cara a favorecer los efectos devastadores de una gota fría propia del otoño.
El Ministerio de Agricultura lleva desde 2010 sin limpiar algunos de los barrancos que vierten sus aguas en las zonas sensibles de la provincia, pese a que ayer mismo la directora de Agua del ministerio, Liana Ardiles, -presente en la presentación del nuevo Patricova- proclamó el esfuerzo que todos los años hace la Administración central, coordinada con las autonomías y Protección Civil para las labores de prevención. Y lo hizo delante de la presidenta de la Confederación del Júcar, entidad que no tiene fondos para mantener limpios muchos de los barrancos de su competencia en Alicante.
Según el Patricova, la Vega Baja continúa siendo una de la comarcas con más riesgo de sufrir inundaciones en un episodio de lluvias torrenciales. En especial, los municipios de Orihuela, Almoradí, Callosa de Segura, Catral, Dolores, Rafal, Benejúzar, Formentera del Segura y Daya Nueva y Daya Vieja. En el norte de la provincia, destaca el tramo bajo de los ríos Girona y Gorgos, y los barrancos de Dénia y Calp, muchos de los cuales están urbanizados. En l'Alacantí, la playa de San Juan, los barrancos de Juncaret y Orgegia, Agua Amarga y los ubicados en el litoral norte de El Campello.
Por su parte, la consellera Isabel Bonig, explicó que el nuevo documento tiene como principal objetivo mejorar el conocimiento del riesgo de inundación de la Comunidad gracias a los avances científicos, y especialmente los relacionados con los sistemas de información cartográficos, «lo que ha permitido que, por primera vez, todos los cauces de la Comunidad susceptibles de generar inundaciones estén representados con un elevado grado de precisión».
Las inundaciones afectan especialmente a la Comunidad Valenciana durante el otoño, ya que un total de 442 municipios y unos 600.000 habitantes, alrededor del 12% de la población, están afectados en mayor o menor grado por este riesgo.
