Francisco Camps, presidente de la Generalitat, quiere pagar la multa económica, reconocer la culpa, seguir gobernando con antecedentes penales y evitarse así la imagen de tener que afrontar un procedimiento penal con jurado por el caso de los trajes de Gürtel, en el que el jefe del Consell está acusado, junto a otros tres altos cargos vinculados al PP, de un delito de cohecho pasivo impropio. Después de varias jornadas de intensas consultas con altos dirigentes de la cúpula popular, esa es la voluntad de Camps y el deseo de la dirección nacional del PP, necesitada de que el procesamiento del titular del Consell tenga el menor efecto posible sobre la imparable carrera de Mariano Rajoy hacia La Moncloa. Pero Camps se ha tropezado con un escollo inesperado: la situación judicial de Ricardo Costa que, si admite su culpabilidad en el caso de los trajes, podría verse agravada en la investigación por la financiación irregular del PP, otra pieza del caso Gürtel en la que el diputado en las Cortes está también involucrado.
La dimisión del jefe del Consell no está, al menos a día de hoy, encima de la mesa. Pero sí evitar el "trago" de sentarse en el banquillo de los acusados por un delito vinculado a un sumario por corrupción. Y para ello Camps, que ayer cumplió cinco días desaparecido y sin agenda pública, tiene que saldar la multa que solicita, como pena por el delito de cohecho pasivo impropio, la acusación popular ejercida por los socialistas. Si abona los 46.000 euros que solicita el PSPV se quitaría de encima un juicio que atenaza la gestión del Consell en plena crisis económica. Aliviaría a Mariano Rajoy, temeroso de que la vista oral del caso de los trajes de Gürtel, prevista para otoño, coincida con la campaña para las generales. Y permitiría a Camps seguir gobernando aunque, en todo caso, con antecedentes penales.
El jefe del Consell debe convencer a los otros tres acusados -el exvicepresidente Víctor Campos, el funcionario Rafael Betoret y el diputado del PP Ricardo Costa- para que acepten, igualmente, la culpabilidad para esquivar el juicio con el pago de la multa que solicita la acusación. Con que uno se oponga, la vista se celebraría. En ese punto llegan los problemas para Camps. Con Campos y Betoret -jefe de gabinete de Turismo cuando la red Gürtel recibió sus primeros contratos del Consell- no encontraría oposición. No así con Ricardo Costa, que ha mantenido una línea de defensa diferente a la de Camps, y que además es el único que, al margen de los trajes, está también involucrado en la otra gran investigación de la ramificación valenciana de la operación Gürtel: el sumario sobre la supuesta financiación irregular del PPCV. Si Costa siguiera a Camps y aceptara su culpabilidad en el asunto de los trajes a partir de ese momento tendría antecedentes penales, algo que le perjudicaría en la investigación de la financiación y que, incluso, en el hipotético caso de que este segundo asunto acabara en juicio y se enfrentara a una condena en contra, facilitaría su ingreso en prisión, en el caso de una pena de cárcel. O sea que puede que para Camps se trate de una simple multa. Pero Ricardo Costa sí se juega, en gran medida, su futuro judicial con esa decisión de admitir su culpabilidad en el sumario de los trajes.
En círculos populares, en todo caso, se da por seguro que el jefe del Consell -que ha mantenido contactos con sus más directos colaboradores como Paula Sánchez de León; con el diputado Federico Trillo como estratega jurídico del PP; y con el propio Mariano Rajoy- no está dispuesto a dejar el cargo -"No debe dimitir", apuntó ayer el conseller Jorge Cabré, que pertenece a la carrera fiscal- y está completamente decidido a abonar la multa aunque, en un momento dado, eso suponga agravar la situación judicial de otros cargos del PP involucrados en las diferentes piezas ligadas a Gürtel.
el dato
La sanción se puede abonar hasta el día de antes de la vista
Aunque el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pueda anunciar de forma inminente su intención de abonar la sanción de 46.000 euros como multa por la comisión de un delito de cohecho impropio lo cierto, sin embargo, es que el jefe del Consell podría hacerlo, incluso, hasta el día de antes de la celebración de la vista oral con jurado, que todavía no está ni marcada en el calendario pero que podría celebrarse en otoño, apuntaron fuentes judiciales. Los socialistas, en un comunicado, aseguraron ayer, como depositarios de la acusación popular, no haber recibido ningún tipo de comunicación sobre la decisión del jefe del Consell de abonar la multa. Camps, de hecho, no puede hacer efectiva la sanción económica hasta que se nombre al presidente del tribunal, que será el juez Juan Climent, resolución que todavía no se ha producido. P. r. f.
