El Ayuntamiento de Alcoy y el grupo ecologista La Carrasca han entablado negociaciones para consensuar un proyecto definitivo de reforma de la Rosaleda. El objetivo de las conversaciones pasa por elaborar un plan que permita cumplir con lo establecido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y que suponga el mínimo quebranto posible para las arcas municipales.
Las gestiones para legalizar la plaza de la Rosaleda, tras la actuación acometida en su día por el anterior gobierno del PP, se encontraban en punto muerto desde que en mayo del año pasado el TSJ rechazara el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Alcoy, al entender que no cumplía con las directrices del fallo judicial. Como se recordará, la propuesta presentada respetaba el aparcamiento subterráneo con el objetivo de reducir al máximo el coste de la reforma. Sin embargo, eso impedía cumplir con uno de los requisitos principales de la sentencia, que obliga a que el terreno que circunda el ajardinamiento tiene que estar a su misma rasante.
Transcurridos todos estos meses, La Carrasca, como parte denunciante, y el Ayuntamiento, como institución que debe cumplir con la sentencia, han entablado conversaciones con el objetivo, esta vez sí, de llegar a un acuerdo sobre el proyecto a ejecutar.
Julia Moltó, del grupo ecologista, recordaba que «el proyecto planteado por el Consistorio, después de tres modificados, continuaba sin ajustarse a los criterios del tribunal. Estaba el tema de la rasante, y también la evidencia de que la zona verde era inaccesible. Asimismo, la seguridad de la obra no estaba garantizada, porque tenía que mantenerse la esponjosidad de la tierra para no recargar las estructuras del parking».
Así las cosas, desde La Carrasca se plantea «una reforma que simplemente cumpla con los mínimos, porque no es nuestra intención dañar las arcas municipales. Pero los mínimos se tienen que cumplir, y para ello entendemos necesario confeccionar unas nuevas bases para redactar un nuevo proyecto que desemboque en un espacio de calidad para la zona».
Moltó destaca, en este sentido, que «hemos visto buenas intenciones por parte del Ayuntamiento, y pensamos que podemos llegar a un acuerdo de consenso».
Por su lado, el concejal de Territorio, Manolo Gomicia, también expresó la voluntad del gobierno municipal de zanjar este asunto, si bien todavía no se ha adoptado una decisión respecto a la forma en que se abordará el proyecto. «Estamos intentando llegar a un acuerdo y creo que estamos cerca, porque nuestro compromiso es el de solucionar esta legislatura o dejar en vías de solución los problemas urbanísticos heredados del PP, caso de Serelles o la propia Rosaleda», enfatizó.
