La Carrasca ha denunciado que el proyecto de reforma de la Rosaleda que defiende el Ayuntamiento de Alcoy discrimina a las personas con movilidad reducida, que no podrán acceder al interior del jardín. El grupo ecologista, además, afirma que el diseño demuestra la falta de voluntad municipal de cumplir la sentencia del TSJ.

La Carrasca, a través de un comunicado, no duda a la hora de señalar que el diseño que defiende el Ayuntamiento «es el mismo proyecto anterior pero empeorado: una auténtica estafa». Entre otras cuestiones, los ecologistas señalan que con la intención de satisfacer las instrucciones judiciales en lo que a superficie ajardinada se refiere, «aplicando la política de desvestir un santo para vestir otro, han borrado de los planos los caminos interiores, y el resultado es que las personas con movilidad reducida, o con un carro de niño, no podrían acceder al interior del jardín».

En este sentido, subrayan que «un proyecto tan vergonzosamente discriminatorio hacia las personas con limitaciones en la movilidad es totalmente inaceptable. Una zona ajardinada que no es accesible para toda la población es inútil, no cumple los requisitos mínimos».

Desde La Carrasca se añade que, además de atentar contra la accesibilidad universal, el proyecto «sigue sin cumplir una de las condiciones en que más ha habido de insistir el tribunal, que ha repetido hasta la saciedad que el nivel superior de la capa de tierra del ajardinamiento ha de quedar a la misma rasante que el terreno circundante».

Para los ecologistas, asimismo, algunos de los argumentos que se están difundiendo contra la ejecución de la sentencia «son engañosos y ocultan una defensa de las políticas de hechos consumados y de impunidad para los responsables». En este sentido, La Carrasca discrepa de que como consecuencia de la ejecución del fallo judicial le vayan a corresponder indemnizaciones millonarias a la empresa que regenta el aparcamiento subterráneo, configurada por Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa.

Como se ha venido informando, el proyecto será remitido por el Ayuntamiento al TSJ, que será quien tenga la última palabra.