El Ayuntamiento de Alcoy y el EIGE (heredero del IVVSA) han puesto en marcha un complejo proceso legal que va a permitir que en el plazo de tres años las 80 viviendas sociales de la plaza Les Xiques, construidas en el marco del Plan ARA para la rehabilitación del casco antiguo en 1991, puedan legalizarse, lo que posibilitará que sus dueños las escrituren, algo que actualmente no pueden realizar, ni por tanto comprarse o venderse. La concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, ha destacado que es un proceso laborioso y costoso desde el punto de vista económico, pero cuya solución ya está en marcha.

Bajo el gobierno de José Sanus y con el apoyo del IVVSA, se impulsó la construcción de 80 viviendas sociales en la plaza Les Xiques, sustituyendo antiguas casas en ruinas. Los pisos se edificaron en 1991, los vecinos las ocuparon y todo fue más o menos bien, hasta que se constató que las obras se habían hecho sin expropiar parte de las propiedades. Esta cuestión, en apariencia inocua, provocaba que las edificaciones carecieran de cobertura legal con los consiguientes problemas para sus titulares.

Por ejemplo, dos inquilinos, Visi Marcos y Fernando Juárez, relataban a este diario en 2010 cómo habían constatado que «las casas no existen, ni en SUMA ni en el Registro de la Propiedad; en el primer caso figuran como solar y en el segundo, todavía están algunos de los antiguos edificios de San Agustín». Esta situación impide que en 2016 se puedan escriturar las viviendas.

El Ayuntamiento, sin embargo, durante el gobierno del PP de Jorge Sedano, empezó a estudiar la situación legal, con el fin de encontrar una solución y dar una salida a los vecinos. Este proceso lo ha continuado ahora el ejecutivo PSOE/EU que encabeza Antonio Francés, a través de un procedimiento que se prolongará durante tres años, pero para el que se ha encontrado una salida adecuada desde el punto de vista legal, según detalla Zamorano.

La edil ha explicado que «en su día no se efectuó la declaración de obra nueva ni se escrituraron los pisos, porque la cesión del suelo al IVVSA no se efectuó como correspondía; de hecho fue verbal, ya que el Ayuntamiento no podía hacerlo de otra manera, porque parte del terreno no era suyo. Por eso, actualmente en el Registro de la Propiedad hay parcelas que son municipales y otras de particulares, y si no se arregla "lo de abajo", ¨lo de arriba" tampoco».

Desde el Ayuntamiento se subraya que la operación «es laboriosa y costosa económicamente», pero que se ha encontrado con el EIGE la vía para resolver el problema en tres años, uno para cada bloque de pisos. El coste total será de 200.000 euros, pero el Ayuntamiento ya destinará en 2014 un total de 70.000 con el fin de efectuar la primera fase.

«Se va a hacer una especie de expropiación, que implicará el pago de las propiedades a los antiguos dueños o sus herederos, y si no se localizan [lo que suele ocurrir en estos casos] se consignará el dinero por si alguien lo reclama», subrayó la concejal. De esta forma, en el plazo de tres años «podremos formalizar la declaración de obra nueva y, así, efectuar la inscripción en el Registro de la Propriedad», lo que supondrá que los vecinos puedan vender o comprar sus propiedades. De cumplirse los plazos, la legalización se habrá consumado a los 25 años de haberse construido las viviendas.