La empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA no podrá optar a obras públicas del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en los próximos dos años. El Consistorio acaba de resolver las alegaciones presentadas por la mercantil para evitar el expediente que decidía prohibir contratar con el empresario alicantino. Dos informes municipales, el del letrado y del área de Contratación, han desestimado las alegaciones y califican de «grave perjuicio al interés público» la decisión unilateral del constructor de abandonar la explotación del aparcamiento del Ayuntamiento.
Esta decisión se ha tomado tras la resolución del contrato de la concesión del parking del Ayuntamiento que construyó en 2008 y gestionó esta mercantil. Tras iniciar la explotación en 2014, la compañía decidió no seguir adelante con ella. El Consistorio de San Vicente considera que eso le ha supuesto un perjuicio económico que cifra en algo más de cinco millones de euros.
El informe municipal del procedimiento para declarar la prohibición de contratar a Ortiz es duro y advierte de que la resolución de la adjudicación «ha infringido un grave perjuicio al interés público». Además, apunta que la mercantil «reclamó una compensación del desequilibrio económico al no cumplirse sus previsiones económicas y mantuvo la misma en vía contencioso-administrativa pese a haber presentado la renuncia a la concesión». Añade que la empresa ha querido «enmascarar el carácter voluntario y unilateral de su renuncia, culpabilizando al Ayuntamiento, con el fin de eludir indemnizar con daños y perjuicios legalmente exigibles». De hecho, el informe se refiere a la «mala fe del actuante» que luego reconoce que se mitiga «por su actitud colaboradora», pero incidiendo en el perjuicio al interés público que ha provocado.
El alcalde, Jesús Villar, destaca que la decisión de prohibir que Ortiz opte a contratos públicos «era un compromiso del equipo de gobierno y teníamos claro llevarlo adelante» y recuerda que las consecuencias de dejar de explotar el parking «han perjudicado al Ayuntamiento».
El primer edil afirma que están amparados por la ley y no considera que la decisión pueda perjudicar al Consistorio, a pesar de que aún falta una sentencia firme que determine el agravio, puesto que Ortiz también reclama daños al Ayuntamiento. «Si hubiéramos esperado a que acabe el proceso se agotaría el plazo que tenemos», advierte Villar y señala que la ley permite prohibir la contratación entre uno y tres años y se ha decidido que sean dos porque es un tiempo «proporcional».
