La carencia de vivienda pública para familias sin recursos en Torrevieja está desbordando la capacidad de gestión de su Ayuntamiento y la Generalitat. Algo que admite el concejal de Bienestar Social, Tomás Ballester (Partido Popular). Hace unos días el concejal reclamaba en su cuenta personal en Facebook ayuda para reubicar en una vivienda a una familia de cinco miembros con tres menores que iba a ser desahuciada. Que el concejal recurriera a un anuncio personal en redes sociales en una ciudad que roza los 90.000 vecinos censados dice mucho de la falta de capacidad para atender a estas familias. Y ha generado duras críticas porque ha coincidido además con la decisión municipal de destinar los 260.000 euros de la partida contemplada para la promoción de vivienda pública en los presupuestos municipales a la ampliación del cementerio, tal y como desvelaron Los Verdes y ha cuestionado la Red Solidaria Popular «Soledad Díaz».
Ballester, que recuerda que las competencias en esta materia son casi exclusivas de la Generalitat, ha explicado a INFORMACIÓN que en el caso concreto de la familia a la que se refería en su petición de ayuda se ha podido aplazar el desahucio con una carta al juez que iba a ejecutarlo en la que se le informa que la familia está a punto de percibir la renta valenciana de inclusión de la Generalitat y podrá asumir los atrasos.
El concejal indicó que la lista de espera de los solicitantes de una vivienda en alquiler social está en torno a las 200 peticiones. Torrevieja cuenta con unas 200 viviendas del parque propiedad de la Generalitat para responder a esta demanda en la calle Moriones y la plaza de las Islas Canarias. En torno a 170 están ocupadas. Otras 30 requieren de reparaciones para ser habitables. El Ayuntamiento no tiene ni una sola vivienda para cederla a esa función: una paradoja en el municipio que se estudia en España como paradigma por su increíble crecimiento urbanístico desde los años 70 en número de viviendas con un municipio que ha recibido millones de euros y miles de metros cuadrados en compensaciones por autorizar ese crecimiento.
ANUNCIO EN EL PERFIL PERSONAL DE FACEBOOK DEL CONCEJAL:
El PSOE recordó ayer que durante el anterior mandato funcionó una Oficina Municipal de Vivienda. Durante cuatro años, según los socialistas, y para el caso de las familias y vecinos que solicitaron ayuda, se anularon o evitaron «todas» las órdenes judiciales de desahucios promovidas por parte de los bancos y particulares. Ballester asegura que muy pronto el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento contará con personal especializado para llevar a cabo la misma función que, no obstante, recordó se ha realizado en el área de Bienestar Social que dirige desde el mes de junio pasado. También evita las ejecuciones judiciales de desahucios. Además, matizó que los presupuesto de 2020 contemplarán esa partida para la promoción de vivienda pública «que no se llegó a usar en el anterior mandato» y que considera que será útil si se emplea para apoyar el pago de alquileres y no en la compra de patrimonio de vivienda.
El concejal va a reunirse con la Generalitat para negociar el cambio del sistema de gestión de la promoción de viviendas en la calle Emilia Pardo Bazán en régimen de alquiler joven para que también puedan sean habilitadas para alquiler social. Ballester se ha implicado personalmente en muchos de los casos y también ante la falta de medios de su propia concejalía: el verano pasado ejerció como conserje en las dependencias de su área ante la falta de personal. Ahora la plantilla se ha completado con planes de empleo de la Generalitat y va a poder rebajar su carga de trabajo con el nuevo contrato del servicio de atención a la infancia, Seafi - pendiente desde hace tres años-.
Los colectivos antidesahucios reprochan al concejal que convierta su gestión en «un centro de caridad»
La Red Solidaria Popular critica la «supresión» de la Oficina Municipal de Vivienda por parte del gobierno del PP
La Red Solidaria Popular «Soledad Díaz», el principal colectivo antidesahucios de Torrevieja en estos momentos ha cuestionado duramente la iniciativa del concejal Tomás Ballester (PP) de pedir en redes sociales ayuda para evitar el desalojo de una familia con tres menores. «Lamentamos el sueldo que le pagamos a Tomás Ballester, 3.500 euros mensuales, por un trabajo de gestión que no desempeña utilizando las Redes Sociales para paliar su falta de iniciativa política».
El colectivo se pregunta qué «ha pasado con Torrevieja libre de desahucios, a lo que se comprometió el PP en la última legislatura que gobernó» y si se carece de protocolos «para dar solución a la emergencia habitacional». La RSP lamenta que las «lusesicas y fiestesicas» del área de Fiestas no hayan servido en Torrevieja para rebajar el «paro registrado que ha subido en tres puntos desde junio de 2019, situándose en la EPA de enero en el 22,37 %, mientras que el dato de la comunidad Valenciana se sitúa en el14,13%.
Desde la RSP Soledad Díaz de Torrevieja y cinco colectivos más de la Comunidad Valenciana se reprueba «la falta de gestión de la Concejalía de Bienestar Social y que se haya «cargado» la Oficina Municipal de la Vivienda, que cumplió «un servicio fundamental para muchas familias» frente «a los fondos buitre». RSP reclama a Tomas Ballester «voluntad política para enfrentarse a los bancos y fondos buitres además de propugnar políticas sociales. La caridad no es la solución» y recuerdan que la Conselleria de Vivienda mantiene acuerdos con entidades financieras que han cedido viviendas en Torrevieja para destinarlas a alquiler social.
