El Ayuntamiento de Orihuela aprobará en una próxima junta de gobierno la venta del Palacio de Justicia situado en la plaza de Santa Lucía, un inmueble que construyó para la Generalitat el consistorio oriolano en 2005 y que, por tanto, es de su propiedad. El Consistorio ya ha recibido la propuesta de opción de compra del inmueble por parte del Consell, como preveía el convenio que en 2017 suscribieron Ayuntamiento y Generalitat. Tras años sin entenderse, ambas administraciones acordaron un convenio por el cual la Generalitat cedió al consistorio el edificio de los antiguos juzgados y por el que el ejecutivo valenciano abonaría a las arcas municipales un alquiler de 75.000 euros al año en concepto de alquiler con opción a compra por el nuevo Palacio de Justicia, que costó al Ayuntamiento de Orihuela seis millones de euros. El convenio era por cinco años y, a partir de ese momento, la Generalitat pasaría a abonar, durante cinco años más, 125.000 euros anuales de alquiler, si no ejercía su derecho a compra. Algo que, finalmente, va a hacer.
Hasta la fecha, la Generalitat ha abonado al Ayuntamiento 150.000 euros por el arrendamiento del Palacio de Justicia, desde la firma del convenio. Dinero que se va a restar del precio final de venta y que asciende así a 4.616.532 euros (el inmueble se valoró en 2017 en 4.766.532 euros). La propuesta de opción de compra de las dependencias judiciales de la plaza de Santa Lucía elevada al Ayuntamiento por la directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, a la que ha tenido acceso este diario, establece un calendario de pagos de cuatro anualidades a razón de 1.154.133 euros cada una de ellas, que abonará el Consell a las arcas municipales empezando por este año 2020, y abonará la última cuota en 2023.
La Generalitat ya ha incluido en el capítulo VI del Proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana el pago correspondiente a este año por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. El contrato de compraventa directa por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela se llevará a cabo en las próximas semanas. El Ayuntamiento acepta en todos sus términos la propuesta enviada por el gobierno valenciano, lo que hará efectivo en una próxima junta de gobierno local. Una vez sea el edificio de los juzgados de propiedad autonómica, la Generalitat tiene previsto llevar a cabo una ampliación, al haberse quedado pequeñas las actuales instalaciones.
Antiguos juzgados
El concejal de Patrimonio, Rafael Almagro, mostró su «satisfacción», a preguntas de este diario, por cómo se ha llevado este asunto por parte del gobierno local tanto en el anterior como en el actual mandato. «Después de cuatro años llegar a este punto es muy positivo para Orihuela y se ha trabajado muy bien», señaló. El Ayuntamiento tiene previsto trasladar al edificio de los antiguos juzgados, que fue cedido por la Generalitat, distintas dependencias municipales y concejalías y dejar en el Palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento, la Alcaldía y algunos órganos municipales. Actualmente está en redacción el proyecto para licitar los trabajos de adecuación del inmueble, situado a escasos metros del consistorio.
