El informe jurídico que encargó la Conselleria de Justicia a la Abogacía de la Generalitat sobre la permuta de edificios entre los antiguos y los nuevos juzgados de Orihuela le da la razón al Ayuntamiento, según adelantaron ayer a preguntas de este diario fuentes de la administración autonómica. Así, la Generalitat tendrá que aportar una cantidad económica en concepto de compensación por la diferencia de valor entre los dos inmuebles, tal y como reclamaba el consistorio mientras la Conselleria entendía que la permuta era simplemente eso, un intercambio de propiedades.
Las conclusiones de ese estudio llegan a escasos dos días de la fecha límite dada por el consistorio oriolano para desahuciar el Palacio de Justicia si la Conselleria no admitía ese pago, aunque la edil de Planificación, Antonia Moreno (PSOE), -que fue quien lazó este ultimátum- mantiene que se puede flexibilizar la negociación sobre cuándo y cómo pagar, siempre y cuando la Generalitat admita que sí hay una diferencia de valor en favor del Ayuntamiento.
Los detalles de ese informe jurídico -solicitado a mediados de abril y que estaba previsto entregar ayer por la tarde- no han trascendido pero en breve se reunirán para analizarlo los responsables de la Secretaría Autonómica de Justicia y de la Dirección General de Patrimonio. Mientras tanto, la situación es que Moreno tendría que iniciar mañana, según prometió hace justo tres meses, el procedimiento judicial para desalojar los juzgados (ya ha registrado y enviado a la Conselleria y, según dijo, también a la decana del Juzgado, avisos anunciando este movimiento).
A la amenaza de Moreno contestó la Conselleria de Justicia diciendo que si se les echaba del edificio se marcharían de Orihuela, dejando a la ciudad sin partido judicial propio y trasladando los juzgados a Torrevieja. El conseller de Justicia, Jorge Cabré, llegó a decir que "estaba seguro" de que Orihuela "no quiere perder" sus juzgados. La administración señaló también que se sometería a los resultados del informe de Abogacía, tanto si le daba la razón como si no, pero que si había que pagar la tasación la harían técnicos independientes.
"Nunca"
Antonia Moreno, sin embargo, dijo que "nunca" cedería en este asunto, incluso aunque los abogados de la Generalitat no le dieran la razón, porque una permuta gratuita era "cambiar un yate por una patera". Y es que el viejo edificio tiene 60 años de antigüedad y 2.300 m2 construidos sobre una parcela de casi 800 m2, mientras que el nuevo Palacio de Justicia dispone de 5.000 m2 en un terreno de 1.600 m2.
El acuerdo firmado en 2002 entre Ayuntamiento y Conselleria de Justicia señalaba que el consistorio construiría el edificio para que lo utilizara la Generalitat, y que la contraprestación se determinaría después: "Una vez construido el edificio de los nuevos juzgados se procederá en su caso a la firma del correspondiente convenio que permita las cesiones patrimoniales recíprocas", decía el documento firmado por el exalcalde, José Manuel Medina (PP). Ese segundo convenio nunca se firmó, ni quedó nada más por escrito. Sin embargo, Francisco Camps (PP) inauguró como presidente de la Generalitat el Palacio de Justicia en 2005 y allí están trabajando los jueces y funcionarios desde entonces sin que la ciudad recibiera nada a cambio, pese a haberse gastado 5,5 millones de euros de las arcas municipales en edificarlo. Los viejos juzgados siguen cerrados a día de hoy deteriorándose hasta el punto de que hace falta una reforma integral para poder habitarlos, por lo que Moreno estaría dispuesta a "cambiar" la prestación económica por una rehabilitación del edificio.
Un proceso que no ha interesado a nadie
"¿Un desahucio de los juzgados?, pero a quién se le ha ocurrido. ¿Dónde?, en Orihuela", quien así se expresaba era un responsable de la Audiencia Provincial que no daba crédito a las amenazas de la socialista Antonia Moreno de desahuciar a los juzgados. "Los políticos deberían darse cuenta que con actitudes así sólo perjudican a los ciudadanos o a los profesionales que trabajan en el municipio. Si el Ayuntamiento consigue sacar adelante un procedimiento de esas características, sólo iría contra sus propios vecinos porque, obviamente, cualquier solución que diera la Conselleria de Justicia sería peor que la ubicación actual", explicaba la misma fuente. De hecho, la propia decana de los juzgados no habría trasladado este problema a sus superiores habida cuenta que, en definitiva, sabía que no iba a prosperar. M.A.
