El Ayuntamiento de Torrevieja acaba de aprobar en junta de gobierno el abono a la empresa Acciona de 2,4 millones de euros por el servicio de recogida de basuras, aseo urbano y limpieza de playas solo en concepto de los meses de julio y agosto. Estos pagos se ordenarán con los informes desfavorables del área de Intervención del Ayuntamiento porque la mercantil que realiza el servicio carece de contrato con el municipio desde junio de 2016. El visto bueno al abono es legal aunque irregular desde el punto de vista administrativo. Es autorizado por la Alcaldía y validado en junta de gobierno a través del procedimiento «de omisión de la función interventora», lo que antes se llamaba levantamiento de reparos: se justifican jurídicamente en el hecho de que se trata de un servicio, el de la recogida y limpieza, esencial para los vecinos.
El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) no pudo aclarar ayer si en el ámbito de esa aprobación figuran los 117.000 euros mensuales de coste del plan de choque de limpieza. Este programa fue planteado para mejorar el deficitario servicio ordinario en el arranque del nuevo mandato y que ha permitido mejorar, solo tímidamente en algunas zonas y de forma más evidente en otras, la imagen y limpieza de la ciudad. Las quejas sobre el servicio siguen encabezando el particular listado de demandas de deficiencias en la gestión municipal por parte de los vecinos, en especial en áreas residenciales fuera del centro. Lo abultado del desembolso solo para dos meses se explica en que es el periodo de mayor ocupación turística y generación de residuos en la ciudad.
Ni el secretario concejal de la junta de gobierno, Federico Alarcón, ni la jefatura de Prensa ni la edil responsable del área de Aseo Urbano, respondieron ayer a la pregunta de varios medios de comunicación sobre si el plan de choque estaba incluido en la factura o no. Alarcón sí concretó, a preguntas de los periodistas, que la suma total superaba los 2,4 millones de euros mientras que Gómez, que forma parte de la junta de gobierno, emplazó a este diario a poder consultar los detalles de las facturas la semana que viene.
Que el plan de choque esté incorporado o no en el global tiene su relevancia. Si no lo está, la factura será mayor todavía: habría que sumar casi 240.000 euros. Y si está cuantificado -al igual que el resto de la prestación- se estaría realizando a través de un procedimiento irregular: cuando se presentó el alcalde Eduardo Dolón y la edil del área aseguraron que el abono de 117.000 euros mensuales contaba con «informes» de los técnicos.
El gasto anual en la recogida de basuras, el más importante de la partida de gastos del presupuesto municipal, lleva en entredicho años. La contrata se adjudicó en su día, en 2004, por un canon anual que rozaba los diez millones de euros. Desde entonces se han autorizado varias «ampliaciones», sin que la mejora del servicio fuera sustancial más allá de abarcar nuevas zonas urbanizadas.
Incógnita
El coste anual actual es toda una incógnita: 15, 16 e incluso 20 millones anuales, sin contar el coste de eliminación en vertedero -que se carga directamente por el Consorcio al Ayuntamiento, no a la empresa y que supera el millón de euros anuales. Y según el partido político que lo diga y si lo ha dicho o lo dice desde el gobierno o en la oposición. Desde junio de 2016 la prestación se realiza sin contrato al agotarse los diez años de contrata y los dos consecutivos de prórroga de un año sin que la administración local fuera capaz de adjudicar un nuevo servicio. En 2015, al final del anterior mandato de Eduardo Dolón ya se había agotado un año de la prórroga. En el siguiente de José Manuel Dolón el gobierno en minoría quiso municipalizar el servicio pese a no contar con mayoría en la Corporación.
Algo que solo comprendió el entonces edil de Los Verdes cuando el proyecto de presupuestos que permitiría esa proceso fue rechazado con los votos del PP y Cs. Al final del mandato del gobierno de coalición de izquierdas licitó el proceso para adjudicarlo a una empresa. Licitación, que por cierto, contemplaba un canon anual de 16, 7 millones de euros, anulada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tras los recursos de Comisiones Obreras, Acciona y otra empresa del sector. Ahora se está preparando un nuevo pliego que asume las correcciones solicitadas por los recurrentes -el PP ya advirtió en la oposición que el pliego presentaba esas deficiencias-. En estos momentos se trabaja en incorporar esas modificaciones al pliego. Los populares aseguran que el nuevo contrato, con renovación de tecnología y refuerzo de la limpieza, estará adjudicado en 2020.
Cien mil euros para la instalación de alumbrado especial para las fiestas patronales y Navidad
El Ayuntamiento inicia el expediente para reforzar la iluminación en el centro del casco urbano durante un mes
El Ayuntamiento de Torrevieja ha iniciado el procedimiento de adjudicación de la instalación de alumbrado festivo desde el 1 de diciembre hasta pasada la festividad de Reyes. El presupuesto base de licitación de este suministro es de cien mil euros. Un gasto sensiblemente mayor que el realizado en las últimas anualidades.
El municipio va a tener que pisar el acelerador de la maquinaria administrativa para que el contrato esté listo apenas un mes. Con un importe de esa entidad el procedimiento de adjudicación requiere al menos la oferta a varias empresas del sector, con una formalización del contrato que se tiene que realizar días antes de que comiencen a instalarse las luces de fiestas y Navidad en las calles. Durante el anterior mandato municipal la oposición del PP cuestionó el despliegue de alumbrado festivo realizado por el Ayuntamiento que no llegaba a determinados rincones del centro del casco urbano. El alumbrado especial se distribuye tradicionalmente a lo largo de las calles Caballero de Rodas, Ramón Gallud y peatonales y de forma casi simbólica en algunos barrios de la ciudad. Algo que contrasta con el esfuerzo que hacen otras poblaciones vecinas a la hora de ambientar su centro urbano de cara a las fiestas, en especial para animar las zonas donde se concentra el pequeño comercio.
Por otra parte, en la junta de gobierno se decidió ayer que el Ayuntamiento se personara en defensa de los intereses municipales ante el contencioso presentado por los propietarios del local que alberga la biblioteca municipal de la avenida de Diego Ramírez - y a los que se acaba de adjudicar de nuevo el alquiler-. Los propietarios reclaman el alquiler no abonado mientras no contaron con contrato.
