La Audiencia Provincial condenó ayer a Josefa Meroño, exedil de Unión Pilareña, a un año de inhabilitación y a una multa de 1.600 euros por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, por favorecer durante su cargo a una empresa con la que mantenía hasta tres contratos «pese al manifiesto conflicto de intereses» que eso acarreaba, tal y como recoge el escrito de conformidad al que ha tenido acceso este diario, y que evitó un juicio de cinco días y ante un jurado popular. La concejal, gerente de la empresa Torresatelit TV SA, entabló varias relaciones comerciales con Ole Comunicación SL, una mercantil que mantenía vinculaciones comerciales con el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, donde la acusada ejerció como concejal de Turismo y Nuevas Tecnologías desde 2011 a 2013. Esta empresa estaba dirigida por José María Tornel, quien fue condenado a la misma pena.
El caso se destapó a raíz de una denuncia del grupo municipal socialista del municipio, que ejerció la acusación particular de manos del abogado ilicitano Antonio Martínez Camacho. El hecho concreto por el que se le condenó data de octubre de 2012, aunque las relaciones empresariales entre Meroño y Tornel datan de varios años antes. En abril de 2009 -la edil ya estaba en la Corporación pilareña, pero sin competencias delegadas- Meroño compró, a través de su empresa, el área de servicio de televisión por cable e internet de la firma de Tornel que operaba en la zona de Orihuela Costa, por 170.000 euros. De ellos, 17.000 fueron entregados al momento, y para el abono de los 153.000 euros restantes acordaron un plan de pagos desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2012. La Fiscalía sostiene que desde esa fecha «se estableció una estrecha relación orgánica, comercial y económica» entre la empresa de la edil y de la del otro implicado, condenado como cooperador necesario.
En marzo de 2012, y ante las críticas de la oposición, Meroño renunció a sus competencias en Nuevas Tecnologías, pero siguió manteniendo las competencias en Turismo, además de ser primer teniente de Alcaldía, miembro de la junta de gobierno y de varias comisiones informativas.
Otro sistema
Anticorrupción apunta que, a partir de ese momento «ideó otro sistema para servirse de su cargo público con objeto de beneficiar a Torresatelit TV SA», así como a la empresa vinculada a la misma, la de Tornel, sin que el nombre de su mercantil apareciera en ningún papel.
La estrategia fue la siguiente: el 19 de septiembre de 2012 «suscribieron un contrato por medio del cual Olé Comunicación SL empleaba a Torresatelit TV a fin de que este prestara a la primera servicios de cesión de personal», entre otros muchos. Por este concepto, Tornel pagaría a la empresa de la exedil 150.000 euros anuales, y sería su empresa y no la de la concejal la que aparecería en las relaciones contractuales con el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
Supervisión
De esta forma, continúa describiendo Anticorrupción, los trámites o incidencias entre Olé Comunicación y el Ayuntamiento, serían supervisados por Meroño, «quien siempre haría primar estos (beneficios) sobre los intereses municipales que, como concejal, se había comprometido a proteger», a la vez que «conseguían que, al menos formalmente, Torresatelit TV SA no figurara en los expedientes municipales que pudieran tramitarse a instancias de Olé Comunicación SL».
Como prueba de ese trato de favor, Anticorrupción cita una solicitud de licencia de obra mayor para instalar una antena de emisión de Wifi. Olé Comunicación SL la pidió el 2 de octubre de 2012 y 21 días después, el 23 de octubre, fue aprobada por la junta de gobierno local, con el voto a favor de Josefa Meroño, quien no se abstuvo «pese al manifiesto conflicto de intereses», señala la Fiscalía.
El escrito de Anticorrupción, ratificado por los propios acusados, es muy duro y claro al describir el motivo de la aprobación de esta licencia de obra mayor: «para facilitarse un beneficio económico, que era lo que guiaba su actuación y no la defensa de los intereses generales, puesto que gracias a la concesión de la licencia en cuestión Olé Comunicación ampliaba el ámbito de su actuación comercial, por lo que podía obtener los ingresos suficientes a fin de satisfacer los 150.000 euros anuales» que se había comprometido a abonar a la empresa de la edil. Según los datos de la Fiscalía, la empresa de Meroño recibió 165.244,43 euros en 2012, 156.270 euros en 2013 y 458.160,52 euros en 2014. La exedil cesó en todas sus responsabilidades políticas en el municipio.
Segunda condena para la exconcejal tránsfuga
La sentencia de ayer no es el único fallo judicial contra la exedil de Pilar de la Horadada Josefa Meroño por mezclar los intereses empresariales con su gestión como concejal. A finales del año pasado el Juzgado de Lo Penal 3 de Orihuela la condenó a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por usar instalaciones municipales para ubicar antenas de su empresa privada. En este caso, no obstante, la sentencia aún no es firme, como la dictada ayer por la Audiencia Provincial, al reconocer los hechos. Meroño ha estado en el centro de la polémica a lo largo de su carrera política. En 2006 respaldó junto a otro edil socialista una moción de censura liderada por José Fidel Ros, del PP. En 2011 fundó Unión Pilareña y le dio la alcaldía de nuevo al PP.
