El Juzgado de Lo Penal 3 de Orihuela ha condenado a la exedil Josefa Meroño Pagán a siete años de inhabilitación para cargo público por prevaricación y seis meses de prisión por negociaciones prohibidas a funcionarios en relación al denominado «Caso Pilarín», que se juzgó en el Palacio de Justicia oriolano el pasado septiembre. El fallo considera como «hechos probados» que Meroño «se prevalió de su cargo» como concejal en el equipo de gobierno en el área de Nuevas Tecnologías para promover la instalación de tres antenas en la torre de la estación depuradora de aguas residuales -propiedad municipal- para ubicar una antena parabólica y dos antenas rectangulares destinadas a dar servicio a una empresa a la que estaba estrechamente vinculada.
La edil, sin embargo, justificó esta actuación como un proyecto para la difusión de transmisión de información turística municipal, que es como anunció públicamente la intervención, bajo la denominación de proyecto «Pilarín». Iniciativa que «no estaba firmada por ningún técnico», ni visado por colegio profesional, además de no haberse sometido a la obtención de ningún tipo de autorización, según recoge la sentencia.
En realidad, la finalidad de las antenas era «potenciar el alcance de la señal de las instalaciones de la empresa Torresatelit TV S.A. Unipersonal, y beneficiar a Ole Comunicaciones, con la que la edil había llegado a un contrato de compraventa». Las antenas estaban orientadas al Noroeste y no al sur, que es donde está el casco urbano de Pilar «por lo que no es posible que ofrecieran ningún tipo de servicio al municipio» y sí para dar «servicio comercial» a la zona de cobertura en Blue Lagoon y la Urbanización Los Dolses, donde la firma de la exedil y Ole Comunicación, dirigida por un empresario afín, José María Tornel Velasco tenían sus empresas.
El fiscal Anticorrupción de la Vega Baja, Pablo Romero, pedía dos años de cárcel y diez de inhabilitación. En el procedimiento figuraban como acusaciones particulares el Ayuntamiento y el grupo municipal socialista, que fue el que denunció los hechos el 9 de marzo de 2012. El entonces alcalde José Fidel Ros (PP) ordenó muy pocos días después a la empresa Ole Comunicación que desmontara las antenas.
La exconcejala tiene pendiente otro procedimiento judicial investigada por aprobar como miembro de la junta de gobierno la autorización de una antena a una firma a la que estaba ligada. Para esta sentencia en primera instancia cabe recurso de apelación en la Audiencia Provincial. Este diario intentó ayer recabar una valoración de la exedil y de quien en su día presentó la denuncia, Ignacio Ramos, sobre la sentencia. No se pronunciaron.
