La preocupación se ha instalado entre los propietarios de unas 70 viviendas de dos edificios en primera línea del mar del barrio de San Roque, ubicados en el tramo de costa situado entre la playa de Los Náufragos y el principio de La Veleta. Las propiedades quedaron dentro del deslinde marítimo terrestre, afectadas directamente por la ley de Costas desde que se aprobó la delimitación definitiva en junio de 2015. Pero muchos de los propietarios se están enterando ahora. Con esa condición mantienen la propiedad, la pueden comprar y vender, pero no la pueden registrar, hipotecar ni puede ser un bien embargable en caso de deuda.
Con la reactivación del mercado inmobiliario de los últimos tres años algunos propietarios se han interesado por vender sus pisos. Pero están afectados por la ley de Costas -planteada para proteger el litoral como un bien común- y el deslinde definitivo de 2015 -estaba pendiente en buena parte del litoral de Torrevieja desde la aprobación de la ley en 1988- ahora «corta» -aunque por escasos metros- dos bloques situados más al sur de San Roque: Carite y Levante. La línea de dominio público se «mete» en las dos esquinas de las fachadas, además de que todos los edificios están en servidumbre de protección -lo que implica limitaciones, pero menos rigurosas-.
Hay demanda para estas viviendas, pese a su antigüedad de casi medio siglo, por su ubicación en el casco urbano, a metros del mar y ser una zona, en paralelo a la avenida de Desiderio Rodríguez, muy tranquila durante buena parte del año. Hay interés por parte del mercado de extranjeros comunitarios. Incluso cuando en muchos casos las propiedades requieren de reformas. Buena parte de las operaciones de compra no han cuajado a última hora porque, en función de esa afección del dominio público marítimo terrestre, no han podido ser inscritas en el registro. Los propietarios no van a perder esa propiedad pero tampoco pueden dar seguridad jurídica a quienes quieren comprarla. Además, cualquier actuación de rehabilitación de entidad requiere de una autorización especial de Costas, al margen de la preceptiva licencia municipal.
Los nueve bloques de San Roque en este tramo de costa fueron promovidos por dos constructores de Bigastro al arrancar la década de los años setenta. Quince años antes de que se aprobara la ley de Costas vigente. La mayor parte de sus residentes son vecinos del interior de la Vega Baja: Callosa de Segura, Almoradí, Rafal, Orihuela o Bigastro, aunque también cuenta co turistas residenciales madrileños y del norte de España.
Avance del mar
Aunque los vecinos no cuentan con un estudio científico que avale el avance del mar sobre la antigua ribera del mar aseguran que este proceso de erosión se está produciendo y que la acción de las olas podría estar horadando los cimientos de algunos de los inmuebles. En concreto citan un socavón que se puede observar a simple vista al sur de estos bloques, entre la fachada de los edificios, la senda peatonal, la zona rocosa y el mar. Por este motivo, un grupo de residentes reclamó al anterior al alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) que pusiera en alerta a la dirección provincial de Costas sobre esta percepción con el objetivo de que el Ministerio de Transición Ecológica actuara para realizar intervenciones que eviten ese avance. El exalcalde les respondió que lo que ocurría era «consecuencia del cambio climático». Los vecinos esperan desde 2013 la adecuación proyectada de un paseo peatonal, responsabilidad de ese mismo ministerio.
