El juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja va a citar a declarar en calidad de investigadas (imputadas) a las concejalas del actual equipo de gobierno del PP Carmen Gómez Candel y Sandra Sánchez en relación a la denuncia presentada hace ahora cuatro años por el anterior equipo de gobierno de izquierdas y en el que el propio Ayuntamiento figura (todavía) como posible perjudicado. La denuncia señala a la entonces edil de Parques y Jardines y Contratación -delegaciones que también asume ahora- como responsable de supuestas irregularidades en la gestión de los suministros por la obra. En concreto de encargar material a distintas empresas locales por valor de más de 184.000 euros supuestamente sin mediar contratos. Por su parte, Sandra Sánchez, actual edil de Obras y Servicios, figura en el procedimiento como una de las responsables del taller -en aquel momento no era concejal-. Además la citación señala a otros dos contratados responsables del taller.
El Ayuntamiento, según indicaron ayer fuentes del equipo de gobierno, ha devuelto la providencia al juzgado porque solo uno de los cuatro nombres se corresponde formalmente a las personas que se quieren citar -en un caso solo figura el nombre de pila- y por lo tanto es el propio órgano judicial el que debe aclarar a quién quiere notificar la imputación, una condición, que implica ser llamados a declarar con asistencia legal. La denuncia aseguraba que a finales del mandato 2011-2015 el Ayuntamiento puso en marcha un taller de empleo cuyo objetivo era construir un parque en la urbanización San Luis. Incluía la contratación de los desempleados, además de su formación y la adecuación de un espacio verde, el principal de esta macrourbanización, y que su promotor no ejecutó en su momento, hace más de tres décadas.
El procedimiento se ha reactivado en los últimos meses después de que la Audiencia Provincial estimara el recurso contra el archivo provisional que haía resuelto del juzgado torrevejense. En ese archivo, el magistrado señalaba que de la denuncia solo podrían derivarse irregularidades administrativas e incluso da a entender que los contratos «verbales» son válidos en la jurisdicción administrativa. Además de la declaración del funcionario responsable de la Agencia de Desarrollo Local y actual secretario de la Mesa de Contratación -que testificó el 10 de abril pasado-, en el sumario figura documentación en la que al menos una firma asegura que supuetamente le pidieron los suministros por vía telefónica.
Cuando el exedil de Empleo, Víctor Ferrández (IU) llegó al cargo en 2015, paralizó la obra tras comprobar el registro de esas facturas de prestación de servicios y compras por empresas externas del Ayuntamiento sin expedientes de contratación. Ningún técnico quiso validarlas, aunque el suministro y los trabajos se hubieran realizado. En este caso no existía, siempre según la denuncia, ni un proyecto previo validado de ejecución del parque, que se preparó mientras se abordaban las actuaciones. La mayoría de las firmas tuvieron que reclamar el importe por la vía contenciosa.
