Manuel Pagola lleva muchos años quejándose del estado de mantenimiento de las zonas comunes de la urbanización San Luis en Torrevieja. Las matas se «comen» la fachada de su casa en la avenida Adradas de la urbanización. También las áreas de aparcamientos. No es fácil definir lo que se supone que son zonas verdes.

Ha realizado tres quejas al Síndico de Agravios desde 2014 para que el municipio se ponga manos a la obra a la hora de asumir la limpieza de esas zonas o al menos exigírselo a quien propietario. El municipio considera estos restos de parcelas, incluidas zonas verdes, como «no edificables ni urbanizadas» por lo tanto no tienen condición de solar y no se le puede aplicar la normativa urbanística. No es de los propietarios de las casas, no es suelo público. ¿De quién es? ¿Quién lo sabe? Supuestamente del promotor que levantó las viviendas allá entre finales de los setenta y principios de los ochenta.

Para la primera queja, allá por 2013, bajo mandato del gobierno de Eduardo Dolón (PP), tramitada por el Síndico, el Ayuntamiento, con firma del primer edil, aceptó en 2014 la «consideración del vecino», que comparten muchos otros en la misma macrourbanización. Supuestamente personal municipal acudiría a la zona para supervisar qué se podía hacer o le respondería por escrito. No tuvo suerte.

Ante la falta de actuación municipal y después de tocar a varias puertas, desde la Concejalía de Urbanismo, a la de Sanidad, Pagola volvió a la carga y reclamó de nuevo a la Sindicatura. Tras intentar eludir la cuestión por un formalismo, finalmente el 3 de julio, el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) firmó un escrito en el que el departamento de Sanidad asumía «la consideración propuesta del Síndico» no sin antes recordar que consultaría a Urbanismo sobre quién es el titular de la parcela. Han pasado tres meses. Ningún funcionario municipal ha aparecido sobre el terreno para interesarse por el problema. Responder favorablemente a las reclamaciones de la Sindicatura se ha convertido en toda una rutina para los municipios para quitarse el problema de vecinos que reclaman sus derechos.

Pagola explica que la raíz del problema está la disolución en 1996 de las comunidades de propietarios que asumían estos gastos, como las de los edificios pero para áreas de casas turísticas unifamiliares. El Ayuntamiento, asegura, convenció a los residentes -que se ahorraban la cuota- prometiendo que todas estas zonas «comunes» pasarían a ser responsabilidad municipal. Pero el municipio nunca llegó a asumirlas, ni sobre el terreno, ni desde el punto de vista legal. Eso ha provocado el abandono y en algunos casos su vallado ilegal por parte de propietarios de casas. Algo que no solo ocurre en San Luis.