20 de mayo de 2019
20.05.2019
Dolores

El juzgado abre diligencias por una querella contra el alcalde de Dolores por estafa en la venta de una casa y el primer edil dice que es un "chantaje"

La compradora asegura que Joaquín Hernández, que trabaja en el Registro de la Propiedad, no le advirtió de que era una casa ilegal e ilegalizable y que pagó 335.000 euros pero en la escritura de compraventa solo figuran 160.000

20.05.2019 | 14:37
Joaquín Hernández, a la izquierda, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una visita a la huerta de la Vega Baja

El alcalde asegura que la querella a un "chantaje de especuladores inmobiliarios sin escrúpulos que no aceptan las reglas del juego democrático" y mantiene que la compradora conocía la situación legal de la vivienda.

El juzgado de instrucción número 2 de Orihuela ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Dolores y diputado provincial del PSOE, José Joaquín Hernández Sáez, por un supuesto delito de estafa en la venta de una casa en el año 2015 y ha abierto diligencias previas. Un trámite procesal, tanto la admisión a trámite como la apertura de diligencias y citación a declarar, casi obligado para el caso de las querellas.

En un auto fechado el 13 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ordena que se tome declaración al querellado el próximo 27 de junio y pide información tanto al Ayuntamiento de Dolores como al Registro de la Propiedad y al catastro con el fin de recabar información sobre los hechos denunciados.

Como recogió este diario, el precio de compra pagado por la vivienda en cuestión y sus anexos fue de 335.000 euros, si bien en la escritura de compraventa se puso como precio la cantidad de 160.000 euros, pagados 30.000 de ellos mediante transferencia y 130.000 con cheque bancario nominativo. El resto fue pagado en efectivo metálico, "comprometiéndose" Hernández a facilitar factura por tal importe pero que "nunca entregada" a la compradora, según consta en la querella.


Vivienda ilegal

En el escrito se sostiene que Hernández Sáez se habría valido presuntamente de su condición de Oficial del Registro y alcalde de Dolores para conseguir "un engaño" en la venta de una casa al asegurar la inexistencia de cualquier tipo de sanción urbanística por la vivienda y que no se impondrían nuevas sanciones por la terminación de la
misma.

Sin embargo, "a los pocos días de comprar la vivienda, cuando se estaba arreglando", el Ayuntamiento del municipio incoó expediente sancionador por infracción urbanística y expediente de protección
de la legalidad urbanística e informó de la existencia de diversos expedientes de paralización entre los años 2003 y 2007 por la realización de obras "no legalizables" dado que la casa, de grandes dimensiones, está ubicada en suelo rústico de la huerta.

Resultado de esto es que la querellante, siempre según su versión, ha recibido recibir "una sanción urbanística por importe de 100.915 euros por las obras de terminación de la vivienda principal" cuando el alcalde querellado "manifestó expresamente que estaban amparadas por un certificado de terminación de obras y que no podían ser sancionadas, dando además su garantía y su palabra como alcalde", insiste.

En el escrito también consta que para "poder realizar el engaño", el alcalde otorgó escritura de "declaración de obra nueva, pero teniendo en cuenta su doble condición de Oficial de Registro y Alcalde y su amplio conocimiento técnico registral, no fue presentado en el Registro de la Propiedad desde agosto de 2014 hasta diciembre de 2015", es decir, "hasta que no fue vendida de palabra a la querellante".

Asimismo, la querella sostiene que antes de estos hechos "ya se había intentado realizar esta estafa a otra compradora extranjera", por lo que apunta que podría tratarse de un posible delito continuado de estafa.

Boom

La vivienda se levantó durante un periodo en el que se construyeron miles de casas sin licencia ilegales en las huertas de Catral y Dolores, en pleno boom inmobiliario. En el caso de Catral la Generalitat tuvo que intervenir y retirar las competencias urbanísticas al municipio ante su falta de actuación frente a esas infracciones. Una situación tan generalizada en algunas zonas de la Comunidad que  desde hace unos meses un cambio legal en la LOTUP permite la legalización a través de un procedimiento reglado y ciertas condiciones de muchas de estas construcciones.

"Chantaje"

Por su parte, el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, ha asegurado hoy a INFORMACIÓN hoy: "En primer lugar quiero desmentir de forma rotunda las acusaciones sobre mi persona y mi forma de actuar que han aparecido estos días algunos medios de comunicación". El primer edil socialista asegura que "a día de hoy no he recibido ninguna notificación, denuncia o querella alguna, pero me consta que algunas personas están tratando de dañar honor y credibilidad con acusaciones absolutamente falsas".

Hernández asegura que "como persona pública que soy, estoy acostumbrado al debate político pero esto es otra cosa. Se están difundiendo publicamente unos hechos absolutamente falsos sobre gestiones realizadas en mi esfera personal, para dañar mi imagen política y, eso es lo que más me duele, hacer daño gratuitamente a mi entorno familiar. En la vida personal y en política no todo vale y este es un caso claro de venganza por no acceder al chantaje de especuladores inmobiliarios sin escrúpulos, que no aceptan las reglas del juego democrático".

La misma fuente ha mantenido que "los tiempos en los que el PP y sus cuatro amigos convirtieron a Dolores en su cortijo ya han pasado. Ahora las cosas se hacen conforme a la ley".

Hernández ha insistido en que la querella está relacionada con las presiones de empresas inmobiliarias y urbanizadoras: "Este equipo de gobierno socialista no ha permitido continuar con ese tipo de especulaciones que beneficien unos pocos en perjuicio del bien general", en referencia a la retirada de la condición de urbanizador en varios sectores del municipio a un conocido abogado urbanista que es además quien representa a la de querellante, siempre según el alcalde.  Y en este sentido señala que "nadie podría entender que una compraventa realizada en 2015 se denuncia por irregularidades el 2019, cuatro años después Y además en plena campaña electoral"

"Todo el asunto proviene de una denuncia alentada por empresarios y especuladores urbanísticos (a los que no nombra) que pretendieron hace años enriquecerse a costa de la ciudadanía de esta localidad. En mi gestión como Alcalde he pretendido en todo momento defender el interés de mis vecinos, manteniendo en mi actuación política una actitud transparente e irreprochable en el desempeño y ejercicio de actividad pública. Y eso lo saben bien quien me conoce. y ahora determinadas personas buscando su interés económico pretenden desacreditarme en actos de mi vida privada, y para ello recurrir a la invención de unos hechos manifiestamente falsos y que narran de manera retorcida alterando la verdad, pretendiendo contra toda razón que son delictivos unos hechos que no lo son derivados de una compraventa particular que efectúe en el año 2015", reitera.

El alcalde indica que se "presenta una denuncia ante los tribunales 15 días antes de las elecciones, de la que se da traslado a la ciudadanía a través de los medios de información y que en la actualidad desconozco su contenido porque no he sido citado judicialmente. Los hechos que me imputan los conozco por los titulares de los medios informativos.

La venta a la que se refieren al año 2015 se efectuó a una mercantil inmobiliaria llamada Gar INVER, S.L que tenía como actividad "la compraventa, alquiler, parcelación , urbanización y promoción de solares, terrenos, fincas e inmuebles", y en la escritura se hicieron constar todas "las circunstancias relativas a la situación administrativa y urbanística de la finca vendida al momento de la compraventa". Las actuaciones ejecutadas por la compradora consistentes "en obras ilegales realizadas después de la venta son responsabilidad de quién se dice perjudicada por la venta y contra la que me reservo y anuncio la interposición de las acciones que procedan en su momento por el presunto delito de acusación de denuncia falsa del que estoy siendo víctima". Dicen que esta "señora fue engañada y que no sabe nada de España, porque vive en Alemania y resulta que es administradora y socia única de una empresa dedicada a la especulación inmobiliaria. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar, porque las mentiras tienen las patas muy cortas"

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