El Ayuntamiento de Dolores ha ordenado la paralización de unas obras que se están ejecutando sin licencia en un chalé ilegal emplazado en una parcela rústica del municipio. Hasta ahí podría considerarse algo normal, o más bien habitual, en una comarca en la que existen cientos de viviendas levantadas en la huerta al margen de la legalidad urbanística. Lo llamativo de este caso es que la vivienda con piscina fue construida sin licencia por quien hoy se sienta en el sillón de la Alcaldía, el también diputado Joaquín Hernández (PSOE). El alcalde vendió el inmueble meses después de llegar al cargo y cuando ya pesaba una orden de demolición para restaurar la legalidad urbanística, algo que asegura que conocía el comprador. Pero ahora el Consistorio se ha visto obligado a iniciar un procedimiento sancionador por la continuidad de las obras y podría darse el caso de que el regidor se viera obligado a ordenar la demolición de la casa al propietario al que se la vendió.
El nuevo expediente infractor se ha iniciado hace unos días y después de que este diario realizara fotografías que demuestran que se están ejecutando trabajos de construcción en el chalé ilegal. La concejala de Urbanismo, la socialista Raquel Rocamora, dijo que no conocía nada sobre este asunto y un día después informó de la apertura de ese procedimiento tras enviar a la Policía Local y constatar que, efectivamente, se estaban realizando trabajos de construcción.
Paraje lo Vera
Según la documentación a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, el primer expediente de infracción abierto por el Ayuntamiento en relación a las obras en este chalé, ubicado en la Partida Cebadas Paraje lo Vera, se inició en 2003 al detectarse que se estaba construyendo sin licencia. El mismo expediente tramitado por el Consistorio que dirigía entonces el exregidor Gabriel Gascón (PP) señala que en 2007 el Servicio de Inspección de Obras del Ayuntamiento emitió un nuevo parte de incidencias al descubrir que en la misma parcela se estaba construyendo un almacén, en el mismo suelo no urbanizable, y se aportaron fotografías que constatarían que la edificación principal se encontraba también en construcción, decretándose de nuevo la paralización de las obras. En 2009 se captaron nuevas imágenes que evidenciarían que la vivienda unifamiliar no estaba finalizada. Así, el 17 de abril de 2013 se acordó incoar un expediente de restauración de la legalidad urbanística que proponía la demolición de las obras de edificación realizadas ilegalmente para restaurar la legalidad urbanística. Aunque el ahora alcalde presentó alegaciones, éstas fueron desestimadas por el consistorio y presentó un recurso en los tribunales.
«Pagué la multa»
El regidor Joaquín Hernández se defiende asegurando que él «no ha engañado a nadie» porque en el escrito de venta de la vivienda se especificaba claramente que existía un procedimiento iniciado para restaurar la legalidad. El socialista dijo que cuando se abrió el primer expediente, en 2003, él no formaba parte de ningún partido y abonó una multa de 10.999,40 euros. Explicó que en la actualidad mantiene recursos judiciales por el nuevo procedimiento sancionador iniciado en 2013, que incluía inicialmente una multa de 100.000 euros y se rebajó después a cerca de 28.000 euros. De igual forma el alcalde presentó un contencioso-administrativo contra la orden de demolición de la vivienda estimando que la ilegalidad habría prescrito porque cuando se inició el procedimiento ya hacía más de cuatro años que la construcción había finalizado. Sin embargo, el expediente de infracción indicaba lo contrario ya que, al parecer, se tomaron fotos que evidencian que hasta 2009 siguieron las obras. Ahora será un juez quien dictamine si el regidor tiene que ordenar la demolición de la vivienda que construyó de forma ilegal y por la que obtuvo un lucro al venderla a un particular.
