El Ayuntamiento ha evitado asumir desde 2016 la resolución de casos de acoso laboral -en especial en el seno de la Policía Local- porque no disponía de un servicio de mediación contratado de forma externa para atenderlos. La ineficacia de la administración local a la hora de abordar estas situaciones se arrastra desde 2009. En ese momento se aprobó un protocolo en el que debían intervenir, entre otros, un psiquiatra, para determinar, en un periodo relativamente breve, si los casos de acoso registrados se podían constatar.

De 2009, momento en el que el entonces alcalde Eduardo Dolón creó ese protocolo, a 2016 el Ayuntamiento no llegó a activarlo de forma real porque carecía de especialistas para llevar a cabo esa labor, pese a la exigencia reiterada en varias resoluciones del juzgado de lo Contencioso en el sentido de que se adoptaran medidas «inmediatas» para poner en marcha el protocolo.

En 2016, para responder a esas peticiones del juzgado y optar por un procedimiento más sencillo, el gobierno de coalición de izquierdas adoptó la decisión de asumir un servicio de mediación. Ya no se trataba de determinar si realmente se estaba dando la situación de acoso: el objetivo era mediar antes de que se produjera. Una forma de que los procedimientos no llegaran al juzgado. Pues bien, el gobierno liderado por José Manuel Dolón (Los Verdes), que además es edil de Policía, ha tardado tres años en adjudicar un contrato menor de 18.000 euros para resolver esta carencia. Lo aprobó la pasada semana en junta de gobierno. Todavía así el municipio ha alegado ante una nueva demanda, según ha podido confirmar este diario, que el demandante «contaba con un servicio de mediación» a su disposición antes de optar por ir a los juzgados. Algo incierto, porque el municipio no solo no contaba con el servicio, tampoco con personal para abordar una mediación, que además, no confirma si existe un caso de acoso, por lo que tampoco sería eficaz en situaciones donde el «mobbing» ya es una realidad constatada: los juzgados ya han resuelto a favor de los demandantes, todos policías locales, por el acoso sufrido por parte de mandos. El número de bajas laborales por causas psicológicas es muy elevado y no se ha reducido en el actual mandato. Las indemnizaciones por esos fallos, ya abonadas, superan los cien mil euros.

El equipo de gobierno está reclamando esas cantidades a los supuestos responsables últimos del acoso, que se produjeron en la mayoría de los casos entre 2005 y 2015. En realidad el servicio de mediación es un instrumento que ha buscado las administración para no tener que asumir nuevas indemnizaciones y una forma de justificar que sí ha realizado actuaciones para evitarlos.