El juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche ha condenado al Ayuntamiento de Torrevieja por el acoso laboral sufrido durante años por un agente de la Policía Local. El fallo obliga a indemnizarle con 95.816 euros por daños y perjuicios psicológicos y morales puesto que la administración local «no intervino en ningún momento para impedir que se siguiera produciendo la situación de acoso» . Ello a pesar de que conocía lo que estaba ocurriendo «por los numerosísimos escritos de queja y denuncia presentados por el perjudicado ante todas las jerarquías funcionariales y políticas del consistorio», presidido en ese entonces por Eduardo Dolón (PP).
Se trata de la tercera sentencia que recibe el Ayuntamiento por hechos similares ocurridos en el seno de la Jefatura y esa es una realidad que ha tenido en consideración el juez. Destaca en su fallo que el consistorio «a pesar de ser conocedor de los hechos juzgados» y siendo consciente «de los numerosos procesos judiciales por la misma causa en los que curiosamente han intervenido como instigadores o consentidores casi siempre las mismas personas, ha actuado con una desidia y dejadez absoluta a la hora de adoptar medidas para acabar con esa situación».
El agente comenzó a trabajar en 2010 en Torrevieja y advirtió desde el primer momento de que se estaban produciendo sistemáticamente irregularidades en la falta de control del dinero en efectivo que se recaudaba de las multas. También de inspecciones reiteradas en determinados locales de ocio mientras que otros no lo eran nunca, a pesar de los informes desfavorables existentes. El policía, junto a dos compañeros, denunció esos hechos en el juzgado y en la investigación fueron imputados un inspector del cuerpo y dos agentes. El mismo aseguró a este diario que también colaboró en la investigación judicial del caso Vela Mata. Pues bien, desde ese momento empezó su calvario con una situación de «mobbing» que el juez ha declarado probada tras su defensa ejercida por el abogado Lorenzo Peñas Roldán.
Denigrante y humillante
Le cambiaron turnos sin avisar, le denegaron vacaciones, le impusieron turnos sin el descanso obligatorio, se le retiró el arma reglamentaria de su armero y hasta se alertó a Tráfico de que era posible que hubiera perdido las facultades para conducir. También se le denegó la paga extraordinaria y otros emolumentos, se airearon escritos humillantes dirigidos a él y se le retiraron las ayudas escolares. Según varios testigos, se le sometió a situaciones denigrantes, se le insultaba casi a diario y delante de todo el mundo por parte de algunos mandos y policías en la propia Jefatura. Y nadie hizo nada.
En el procedimiento iniciado por el agente se apuntó que el acoso laboral habría sido efectuado por el exalcalde de Torrevieja; la concejala de Policía y Recursos Humanos, Agustina Esteve; el inspector Manuel López Vera; el Jefe de Policía Vicente Gutiérrez y un técnico, que figuraban como codemandados. El magistrado sostiene que sus respectivos interrogatorios, solicitados por ellos mismos, «resultaron inútiles para comprobar la veracidad de lo denunciado, pues todos ellos trataron de autojustificar su actitud durante el tiempo en el que el agente denunció que fue objeto de mobbing, resultando poco veraces y en algunos casos claramente contradictorios con las pruebas documentales y testificales» practicadas, pues diversos testigos refrendaron la versión del policía.
«No podemos olvidar que Vicente Gutiérrez y Manuel López Vera ya fueron condenados como inductores de acoso laboral» en dos procesos en los que se obligó al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones de 48.500 y 23.450 euros, destaca el juez. Sin embargo el fallo judicial deja claro que lo que se juzga es la responsabilidad objetiva de la administración en los hechos producidos por la situación de acoso, no la eventual responsabilidad del empleado público que participara o contribuyera a la producción del daño. Contra esa sentencia cabe posibilidad de recurso en el TSJCV.
