El revés judicial que dio la pasada semana el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en la gestión de las basuras de la Vega Baja tiene consecuencias directas sobre los proyectos que están en marcha por parte del Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible. La sentencia que da la razón a la UTE formada por Cespa y Ortiz (del empresario Enrique Ortiz) y le devuelve la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca que consiguió en junio de 2013 y que le fue rescindida en enero de 2015 por supuestos incumplimientos, paraliza, de momento, los planes del Consorcio en cuanto a las plantas de transferencia o a los ecoparques. Habrá que esperar a que los servicios jurídicos de la Diputación se pronuncien sobre la viabilidad que tendría hacer un recurso de casación al Tribunal Supremo, lo único que para ejecutar la sentencia.
El presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible Manuel Pineda (PSOE) criticó ayer «la herencia envenenada que ha dejado el PP» ya que esta entidad fue la que resolvió el contrato con Cespa-Ortiz en enero de 2015 teniendo mayoría los populares. «Enrique Ortiz ha admitido que financió ilegalmente al PP y esto demuestra que este partido usó la Vega Baja como moneda de cambio con Ortiz, y siempre dijimos que había prejudicialidad penal y no se debía haber adjudicado porque estaba el caso Brugal», denunció Pineda.
El presidente del Consorcio se mostró a favor de recurrir la sentencia y lamentó la situación de «incertidumbre y compleja» en la que ha dejado la misma a los planes de la entidad que preside. De hecho, la planta de transferencia de basuras prevista en Dolores estaba a punto de empezar a construirse con una encomienda de gestión a la empresa pública Vaersa que se iba a aprobar en el próximo pleno del Consorcio y que ahora deberá esperar a que se aclare jurídicamente la situación en la que queda la gestión de las basuras en la comarca. Lo mismo sucede con el proyecto de gestión de una red de ecoparques aprobado hace poco más de un mes que contempla doce instalaciones fijas y cinco móviles para complementar a las plantas de transferencia que se desarrollen en la comarca. También queda en el aire el proyecto presentado por Ferrovial (Cespa) para instalar una planta de transferencia en Orihuela, que ya se ha elevado al pleno del Consorcio, y que está a la espera de que los técnicos se pronuncien sobre el informe ambiental presentado por la mercantil.
La sentencia del TSJCV culpa a los Ayuntamientos de Cox (donde Cespa-Ortiz planeó una planta de transferencia) y de Albatera (donde iría la planta de basuras definitiva) y los 5 magistrados son especialmente duros con esas dos administraciones locales por modificar el planeamiento urbanístico siendo competencia de la Generalitat. Por eso el Consorcio quiere ser ahora especialmente cuidadoso. «Tiene que haber ahora una seguridad jurídica con cada paso que demos, aunque si se recurre la sentencia podremos seguir trabajando como hasta ahora», señaló Pineda, quien esperará a los informes de los servicios jurídicos de la Diputación para reunirse con su equipo y llevar a pleno la decisión adoptada para trabajar a partir de ahora, sabiendo que tienen una sentencia detrás, que aunque se recurra, marcará a partir de ahora los pasos a dar hasta que sea firme.
El PIR aprobado por el Consell no permite los macrovertederos
La sentencia del TSJCV abre muchas cuestiones sobre cómo implementar el proyecto que hace 6 años, con leyes distintas, hizo ganador a la UTE Cespa-Ortiz de la gestión de las basuras en la Vega Baja y del vertedero para eliminar los residuos que tenía que construir. El proyecto era una macroplanta instalada en Albatera. Sin embargo, este tipo de instalaciones ya no serían legales a raíz de que el Consell aprobara el 5 de abril el Plan Integral de Residuos (PIR). Por tanto, o se debería modificar el proyecto, si jurídicamente es posible, o o hacerlo compatible con la nueva normativa. Todo ello, en el caso improbable de que no se recurriera la sentencia.
La UMH colaborará con el Consorcio
El Consorcio Vega Baja Sostenible firmó ayer un convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández (UMH) con el objetivo de promover actividades en torno a la educación, cultura, investigación y desarrollo tecnológico. El presidente del Consorcio Manuel Pineda y la Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH María Teresa Pérez firmaron el acuerdo para ejecutar proyectos y programas educativos y culturales conjuntos, cooperación en programas de formación de persona y asesoramiento mutuo.
