Cuatro grandes empresas del sector inmobiliario y agrícola han presentado recursos contra el decreto de la Generalitat Valenciana de declarar Paisaje Protegido 10.600 hectáreas de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Orihuela y Pilar de la Horadada. Todas las demandas, que se dirimirán directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reclaman, en esencia, lo mismo. En primer lugar, anular la figura de protección sobre todo el ámbito protegido desde el pasado octubre. En caso de que no se contemple esa medida, que sus terrenos sean excluidos de la zona protegida.
Y por último, y si ninguna de esas dos peticiones son atendidas, que la administración autonómica les «indemnice» por el valor del suelo protegido.
Lo más llamativo de las solicitudes es que la declaración de Paisaje Protegido no afecta a suelos urbanizables con expectativas de construcción -y por lo tanto con derechos adquiridos o posible lucro cesante- y que las empresas que han recurrido solo cuentan con suelos rústicos de uso agrícola y forestales y tenían unas posibilidades casi nulas de ver reclasificadas sus fincas porque sobre ese suelo ya recaían otras figuras de protección ambiental como las de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o ambas, sin contar, por ejemplo, con otras como las de suelo forestal.
Las demandas han sido presentadas por Naranjas del Sureste SL y Ángel García Lorente; Montepiedra-principal empresa constructora en la Dehesa de Campoamor; Lomas de Campoamor SA y el grupo madrileño del residencial de lujo GMP Colinas Green Golf. Uno de estos recursos pedía directamente, como medida cautelar, que se anulara el decreto de protección sin que se hubiera abordado el fondo del asunto, algo que el TSJCV desestimó el pasado 22 de febrero, según ha podido confirmar este diario. Amigos de Sierra Escalona (ASE) y la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas «San Miguel Arcángel», personadas como codemandadas «para apoyar y sostener el decreto» del Consell de declaración del Paisaje Protegido de la Sierra de Escalona y su entorno, según indicó Miguel Ángel Pavón, miembro de ASE.
Ambas dieron a conocer estas medidas judiciales el domingo en la marcha que reivindicaba la puesta en marcha de una brigada forestal para el paraje o que se respeten las vías pecuarias y caminos públicos de la sierra y la dehesa. Colinas Golf, una de las empresas demandantes a la que además no afecta directamente la protección, tiene como principal reclamo para comercializar sus viviendas de lujo y campo de golf-con acceso restringido a vehículos, lector de matrículas y barreras a viales y zonas verdes públicas del patrimonio municipal de Orihuela- el hecho de encontrarse enclavadas en el corazón de un espacio natural privilegiado y protegido.
Expectativas
Amigos de Sierra Escalona lamentó que sea ahora, cuando se ha protegido el espacio con una figura que resulta para los conservacionistas insuficiente y a medio camino de la consecución del Parque Natural, cuando las «empresas presentan su verdadera cara, la de las expectativas urbanísticas» que suelen negar públicamente.
Incluso fuera de ese ámbito del paraje natural, en la zona de Orihuela Costa, la Generalitat -en el actual mandato y en el anterior- ha advertido al Ayuntamiento de Orihuela que la estrategia de crecimiento territorial -una adaptación de la legislación europea que data de 2011- impide nuevos desarrollos urbanísticos en su término en función de las grandes bolsas de suelo que ha colmatado en Orihuela Costa y su proporción con lo que queda sin urbanizar. Lo que, por otra parte ha hecho fracasar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que pretendía reclasificar mucho terreno de lo que la legislación permite.
