La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha instado a la comunidad de regantes del Cuarto Canal de Poniente, con sede en la pedanía oriolana de La Murada, a que convoque de manera «inmediata» una nueva asamblea general tras detectar graves irregularidades en la elección de cargos al acreditar que votaron varias personas que hace años que fallecieron. Esa polémica asamblea se celebró el pasado 22 de marzo de 2018 y, entre otros puntos, se llevó a cabo la votación, por parte de los 3.000 comuneros que la componen, para elegir los cargos que los tenían que representar durante 4 años. Sin embargo, el organismo de cuenca, tras el recurso de alzada que interpuso la candidatura que perdió la votación, señala que «ha quedado acreditado que varios comuneros fallecidos 'otorgaron' su representación, delegaron su voto, lo cual fue aceptado de forma válida por la comunidad de regantes mediante firma y sello de la junta de gobierno».
La comunidad de regantes del Cuarto Canal de Poniente es la mayor de la Vega Baja en número de comuneros que utilizan el agua del trasvase. Representa a 3.000 regantes de los municipios de Orihuela, Callosa de Segura, Benferri, Cox, Granja de Rocamora y Redován y es una de las ocho que forman parte de la comunidad general de Riegos de Levante, con sede en Elche. El escándalo salpica también a esa comunidad general ya que el presidente del Cuarto Canal de Poniente (tras ganar la votación puesta en tela de juicio), Antonio Riquelme, forma parte, precisamente, de la junta de gobierno de Riegos de Levante.
Riquelme presentó su candidatura el 22 de marzo de 2018 para enfrentarse a la de José Antonio Murcia. La votación fue muy reñida, por una diferencia de tan solo 100 votos. Hubo un total de 3.146 votos, 1.623 fueron para Antonio Riquelme y 1.523 para José Antonio Murcia. Cabe destacar que la participación fue del 30,4%, 824 personas, que sumaron en total esos 3.146 votos ya que los estatutos de dicha comunidad de regantes señalan que los votos a los que tiene derecho cada comunero dependen de la extensión de tierra que tengan derecho a regar (hasta 1 tahúlla, un voto; de 2 a 5, 2 votos; de 6 a 10, 3 votos; de 11 a 30, 4 votos; de 31 a 50, 5 votos; de 51 a 100, 6 votos; y por cada otras 100 tahúllas o fracción un voto más).
Muertos, en el tablón
Las presuntas irregularidades en las votaciones fueron detectadas por la candidatura que perdió, la encabezada por José Antonio Murcia. Se extrañó de ver en el tablón donde se publicó la lista con las delegaciones de voto (aquellas no presenciales) a un vecino de Cox que sabía que había muerto hace tiempo. «Eso me llevó a sospechar y a investigar qué estaba pasando», explica Murcia a INFORMACIÓN. «Hay varios comuneros fallecidos que votaron, cuando eso es imposible, y eso me llevó a presentar un recurso de alzada a la Confederación, cuya respuesta recibimos a principios de enero, donde acredita nuestra denuncia, que hubo muertos que votaron». Para ejercer el voto delegado un comunero debe firmar un escrito y dejar una fotocopia de su DNI a la persona que va a votar por él.
La CHS, que debe velar por el cumplimiento de las normas de las comunidades de regantes aunque todas ellas tienen su autonomía, señala lo obvio, que «es evidente la imposibilidad física de que un comunero pueda otorgar representación alguna con posterioridad a su fallecimiento». La comunidad del Cuarto Canal de Poniente envió a la CHS un informe para defenderse en el que señalaba que se trataba «de un hecho aislado» y argumentaba que solo eran 2 votos los de personas fallecidas, uno que anuló tras detectarse tal irregularidad y un fallecimiento del que se enteró «con posterioridad a la asamblea».
Argumentos no válidos para la Confederación que acredita que son varios los casos y que «puede afectar a la correcta formación de la voluntad de los comuneros y al resultado de la votación, comprometiendo la presunción de validez de la votación efectuada». Los recurrentes, en mayo de 2018, tras la investigación llevada a cabo por José Antonio Murcia, acreditaron la existencia de otros comuneros fallecidos que, sin embargo, figuraban en la lista de delegaciones presentadas y en el acta de la asamblea. «Había hasta una fotocopia de un DNI de los que no se expiden desde los años 90», señala, sorprendido, Murcia.
Lo que no puede acreditar la CHS, como señala en su escrito, es a qué candidatura favorecieron dichas representaciones (el voto es secreto) y apunta que los descendientes de los comuneros han podido incumplir la obligación de comunicar a la junta de gobierno la modificación de la titularidad del dominio o derecho de disfrute de las fincas, lo que, además de irregular, les impediría disfrutar de los derechos como comuneros hasta no modificar el padrón. Por todo ello, considera «imperativo» conducir a un proceso de renovación de cargos «que se efectúe con las debidas garantías» y que las representaciones sean constatadas por el secretario de la comunidad ya que las irregularidades detectadas pueden suponer la nulidad del acuerdo adoptado en cuanto al nombramiento de los nuevos cargos. En la asamblea que se debe convocar, en la que la CHS pide la convalidación del acuerdo adoptado, los comuneros podrían decidir la repetición de las votaciones.
Anticorrupción
José Antonio Murcia anuncia que acudirá a los tribunales para denunciar estas irregularidades. «Pondré toda la documentación a disposición de la Fiscalía Anticorrupción en los juzgados de Orihuela, por si considera que es constitutivo de un ilícito penal», señala el comunero del Cuarto Canal de Poniente. Murcia pide la dimisión del presidente de esa comunidad de regantes, Antonio Riquelme, y de todos los cargos electos. Además, ha puesto en conocimiento del presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, estos hechos. «Le pido que cese a Riquelme y a otro representante de la comunidad de regantes que forman parte de su ejecutiva».
Este diario se puso en contacto con Berenguer quien indicó que «es un tema particular de esa comunidad» y «poco más sé, lo único que la CHS dice que se convalide el acuerdo o si no que convoquen elecciones, pero no dice que la asamblea sea nula de pleno derecho» y descartó el cese de Riquelme. Por su parte, José Antonio Murcia trasladó que «gracias al esfuerzo de numerosos comuneros que confiaron en mí, ha sido posible demostrar que estos señores han actuado durante más de una década en contra de la voluntad de la mayoría de los agricultores contraviniendo nuestras leyes y estatutos para poder seguir manteniendo el poder y el control sobre los derechos del agua».
