El Ayuntamiento de Redován anunció ayer que se opondrá al proyecto de planta de transferencia de basuras registrado en el Consorcio Vega Baja Sostenible por Cespa, filial de Ferrovial Servicios, en suelo del término municipal de Orihuela si no cumple con todos los parámetros exigidos por la legislación. Como ha ocurrido en el caso de la planta de transferencia de Vaersa en Dolores, este proyecto se ha entregado a una comisión técnica sin que, por ejemplo, el propio Ayuntamiento de Orihuela haya informado sobre las características de la planta o los terrenos.
«Desde el Ayuntamiento de Redován vamos a estar muy atentos a este proyecto. Preservando siempre los intereses de los vecinos y vecinas de Redován en consideración de que ahí (junto a las parcelas propuestas) hay un enclave de viviendas (Los Benitos) que tienen que tener la seguridad absoluta de que se cumplen con todos los parámetros exigidos por la legislación», según explicó a este diario el alcalde de Redován, Emilio Fernández (PP), que se mostró muy prudente a la hora de valorar la iniciativa a preguntas de este diario.
Por otra parte, y al margen de la postura expresada por el primer edil, INFORMACIÓN ha podido confirmar que la propuesta técnica es idéntica a la que la misma empresa presentó hace un año y que fue rechazada por un error de tramitación y plazos. La actual está firmada a finales del mes de octubre pasado. Tal y como está planteada, en los datos que trascendieron en su día genera muchos más interrogantes desde el punto de vista legal que certezas pese a que los técnicos del consorcio en alguno de sus documentos de análisis ya han dado por hecho que la iniciativa podría tener viabilidad. En especial para cubrir, junto a la planta de Dolores, toda la demanda de la Vega Baja mientras se logra construir una planta de valorización y un vertedero definitivo.
Dos fincas
Las parcelas propuestas son dos fincas que suman 8.131 metros cuadrados y están, según la empresa, sin edificar junto al acceso a la vía rápida de conexión de Orihuela con la autovía del Mediterráneo Alicante-Murcia. Cespa indica que es suelo no urbanizable. Sobre el terreno y pese a esa condición, hay construida una explanada asfaltada y vallada a modo de aparcamiento y dotada de alumbrado. El proyecto sin citar que están urbanizadas parcialmente, indica que no necesitan accesos porque los suelos recaen directamente en la vía rápida y la autovía. Se desconoce si el Ayuntamiento ha abierto un expediente de disciplina urbanística para restituir la legalidad, que sería el caso para esta actuación -no consta en la propuesta que el terreno tenga concedido una Declaración de Interés Comunitario (DIC) para suelo rústico en zona de huerta.
Cespa tampoco hace referencia en la iniciativa privada -que se plantea como estudio de viabilidad previo a un concurso-, ni tan siquiera en el estudio ambiental de la planta, al hecho de que el suelo esté afectado por riesgo geomorfológico en el plan contra inundaciones de la Comunidad (Patricova).Un tipo de riesgo por la acción de barrancos y ramblas incorporado a esta legislación en 2015 que restringe los usos del suelo. Además se encuentra a metros de una de las zonas inundables más peligrosas de la Comunidad Valenciana: la evacuación del río Chícamo o rambla de Abanilla, procedente de Benferri. Es la principal rambla de la margen izquierda de la cuenca del Segura en la Vega Baja y que desemboca justo en ese punto. La toponima ubica los terrenos en la pedanía de El Escorratel pero el suelo está alejado a más de dos kilómetros de esta pedanía oriolana.
Disponibilidad de terrenos
Cespa asegura que la empresa cuenta con la disponibilidad de los terrenos sin aportar ni un solo documento más allá de la propia rúbrica del representante de la firma certificando que los terrenos se encuentan a disposición de uso para la puesta en marcha del proyecto. Tampoco se incorpora un certificado de compatiblidad urbanística expedido por el Ayuntamiento de Orihuela, al menos en la propuesta principal.
La planta daría servicio a las poblaciones de Albatera, Algorfa, Almoradí, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela y Orihuela Costa y pedanías, Rafal, Redován y San Isidro. Con una generación de residuos anual de algo más de cien mil toneladas al año -y una cifra de transferencia de basuras diaria de 240 toneladas. El resto de municipios de la Vega Baja llevarían sus residuos a la planta prevista por la empresa pública Vaersa en Dolores. El presupuesto para llevar a cabo esta planta de transferencia es de 1.641.233 euros y el plazo de construcción, una vez que se de viabilidad al proyecto, sería de 6 meses. Un plazo que no incluye los trámites para obtener unas licencias en suelo no urbanizable e inundable que dependerían de la Generalitat.
Cespa es la misma empresa que mantiene en el Tribunal Superior de Justicia un pleito para salvar su adjudicación en 2008 de la gestión de todo el plan zonal comarcal, rescindida por el Consorcio por incumplir plazos ejecución de la solución transitoria en Cox y el vertedero definitivo en Albatera y no contar, de forma efectiva, con terrenos para ejecutar los proyectos.
