El diputado nacional y secretario general del Partido Popular en Torrevieja, Joaquín Albaladejo ha asegurado que un auto judicial del juzgado de lo Contencioso que ha conocido ahora y fechado el 21 de abril de 2009 resolvía que "su ejercicio de la compatibilidad en el Ayuntamiento de Torrevieja (como concejal entre 2007 y 2011) es legal" y no "procedía su suspensión, avalando la continuidad de la compatibilidad y todas las retribuciones". El auto, que denegaba parcialmente las medidas cautelares propuestas por el entonces edil de la oposición José Manuel Dolón (Los Verdes) no fue recurrido en aquel momento por el actual alcalde.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado el acuerdo plenario de septiembre de 2007 por el que Albaladejo obtuvo la compatibilidad para ejercer como concejal de Hacienda con sueldo de dedicación exclusiva y ejercer la labor de agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de fincas y abogado. El tribunal dice que esas tres actividades privadas no son marginales y Albaladejo no podía dedicarse enteramente a su labor como edil.
En el auto judicial de 2009 que cita Albaladejo -en respuesta de la petición de medidas cautelares- la magistrada del juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Elche, María José Alonso argumentaba: "La denegación de la compatibilidad -en aquel momento del procedimiento- causaría una perturbación grave en los intereses de Joaquín Albaladejo, en la medida en que ello le impediría ejercer su profesión de agente de la propiedad inmobiliaria y (dejación) del ejercicio de una profesión durante los cuatro años que dure el mandato corporativo muchas veces perturbará su posterior despliegue en en el futuro, tras la desvinculación de dicho mandato".
La juez sí admitió la petición de los demandantes de que Albaladejo no pudiera ejercer su actividad "como agente de la propiedad sobre inmuebles de la propiedad municipal, ni trabajar para bancos con los que el Ayuntamiento suscriba contratos de préstamo, operaciones de liquidez y tesorería y que (sus actividades privadas) fueran actividades marginales" con respecto a su función como concejal de Hacienda.
Albaladejo asegura que es "triste y desesperante que tenga que defenderme contra el gobierno de mi ciudad, que me acusa en falso de disparates, en lugar de hablar de las múltiples y urgentes necesidades que precisa resolver Torrevieja. No solo mis retribuciones han sido siempre legales, sino que fue entre los años 2009 y 2011, el único concejal de España que habiendo pedido la compatibilidad, la ejercí con defensa y supervisión judicial, y señalamiento de lo que no podía hacer en caso alguno como concejal de Hacienda y Patrimonio. Y esto lo impulsó, lo conoció y lo aceptó José Manuel Dolón García que fue quien demandó, como siempre, al Ayuntamiento y a mí. Y no recurrió esa decisión". A juicio del diputado "mi honradez y honestidad acreditada en el ejercicio de mis delegaciones de gobierno entre los años 2007 a 2015 llevan a la desesperación y al ridículo más absoluto a estos perdedores natos".
El secretario local del PP ha cuestionado que el primer edil "ocultara", a su juicio, durante todo este tiempo que el juzgado denegó las medidas cautelares. El diputado nacional interpreta que esa resolución es independiente de la que ha anulado el acuerdo de compatibilidad en el TSJCV.
Forman parte del mismo procedimiento judicial y es la sentencia del TSJCV la que se pronuncia sobre el fondo del asunto anulando el acuerdo.
Acciones judiciales
El diputado nacional asegura que si el Ayuntamiento inicia un procedimiento para que reintegre el sueldo como concejal de Hacienda y Patrimonio -algo más de 184.000 euros en cuatro años- en ese periodo a su vez impulsará una acción judicial de reclamación patrimonial contra el municipio porque como administrado se vería perjudicado directamente por una decisión municipal, la de anular el acuerdo. También ha anunciado que interpondrá acciones judiciales por injurias y calumnias contra quienes han lanzado determinados mensajes en redes sociales a raíz del fallo judicial.
Si finalmente se inicia ese expediente para reclamar el dinero -algo que debe determinar el área de Secretaría según el informe realizado para abordar el asunto en el pleno de mañana- la cantidad económica no sería de 184.000 euros. Sería el resultado de restar a esa cantidad las indemnizaciones por asistencia a plenos, comisiones y juntas de gobierno a las que hubiera asistido Albaladejo en caso de no percibir un sueldo de dedicación exclusiva.
También -siempre en el caso de que se iniciara el expediente- estaría en el aire la cotización a la seguridad social durante cuatro años del entonces edil. Y cabe la posibilidad que la petición de reintegro recaiga sobre los ediles que aprobaron la compatibilidad en el pleno y no sobre quien la solicitó. Albaladejo se enfrenta además a una iniciativa de reprobación solicitada en el Congreso de los Diputados por Compromís.
El Partido Popular expresó en la comisión previa al pleno su voluntad de abstenerse en este punto de acatamiento. De momento, no se ha incluido en el orden del día el inicio del procedimiento de reintegro.
