El grupo de Compromís en la Cortes Generales registró ayer una iniciativa de reprobación en la que además reclamará la dimisión del diputado nacional Joaquín Albaladejo (PP). El texto irá a debate del Congreso en los próximos meses. La formación mantiene que ha puesto en marcha esta iniciativa como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anula el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Torrevieja de septiembre de 2007 por el que aprobó una compatibilidad que permitió a Albaladejo durante 4 años percibir 184.000 euros -46.000 anuales- como edil de Hacienda. Esa autorización del entonces gobierno del PP para percibir un sueldo de exclusividad le permitió al ahora diputado nacional seguir ejerciendo actividades privadas de abogado, gestor de la propiedad inmobiliaria y administrador de fincas.
El fallo del TSJCV, avanzado por este diario, considera que su función de edil de Hacienda con dedicación plena y tres ocupaciones privadas era incompatible desde el punto de vista material -por falta de tiempo-; y que además Albaladejo iba a conocer asuntos relacionados con el urbanismo local en junta de gobierno mientras trabajaba en actividades privadas relacionadas con ese sector.
Ignaci Candela, diputado en las Cortes Generales por la formación nacionalista señaló ayer en rueda de prensa en Torrevieja que «estamos en una fase política donde la ejemplaridad debe de ser uno de los valores fundamentales. Si hemos exigido la dimisión de ciertos ministros que no han cometido una ilegalidad pero había indicios de cometerla no podemos ser menos exigentes con un diputado que se ha llevado 30 millones de pesetas por la cara con un sentencia ratificada y firme», dijo en la sede Los Verdes de Torrevieja, en una comparecencia junto a José Manuel Dolón, alcalde de Torrevieja, que en este caso intervino en su condición de cabeza de lista de esta formación en 2015.
«Le importa un bledo»
«Hemos presentado una iniciativa para reprobar al señor Joaquín Albaladejo. Entendemos que este diputado no tiene la suficiente coherencia ni ética para voluntariamente irse, dimitir y devolver el dinero. El señor Albaladejo presume mucho de querer a esta ciudad, pero mancilla su nombre cuando tiene una sentencia como la que tiene y no dimite. Tiene que escoger si quiere a esta ciudad o quiere su pasta. Tiene que pedir perdón y devolver el dinero», reiteró el diputado. Por su parte, José Manuel Dolón dijo que se trata de una «sentencia última y definitiva que está haciendo que el PP esté con un ataque de hiperactividad ahora tratando de tapar y de silenciar lo que es un escándalo a voces». A su juicio la anulación del pleno «es mucho más importante que lo que el PP le ha echado en cara a ministros del gobierno como Màxim Huertas, o al de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque». Para Dolón «es un escándalo de un representante en las Cortes que no tiene nombre. Aprovecha un cargo para lucrarse y al mismo tiempo con una ilegalidad flagrante». El primer edil no quiso pronunciarse por las consecuencias jurídicas y económicas que la anulación del pleno tiene para la administración local y el diputado nacional. «Eso va a tener una vía municipal de la que hablaremos cuando ese asunto llegue a la junta de gobierno. No voy a hablar de eso. Hay un expediente abierto porque ya lo había desde 2007 y 2014. Tenemos una sentencia que hace que el Ayuntamiento tenga que tomar una decisión», apuntó.
Fuentes municipales mantienen desde que se notificó la resolución judicial que la legislación antes daba la posibilidad al Ayuntamiento a reclamar la cantidad percibida de forma indebida, al margen de lo que indique la sentencia. Ahora esa misma legislación «obliga» al municipio en ese sentido. Es más, lo está tramitando en otros casos como las sentencias de por acoso laboral en las que ha pagado las indemnizaciones pero las está reclamando ahora a los responsables del acoso. El fallo judicial no se pronunciaba en primera instancia ni en el TSJCV sobre este aspecto pero tampoco rechazaba esa devolución.
José Manuel Dolón explicó que cuando la oposición de Los Verdes exigía en anteriores mandatos que renunciara a la compatibilidad en el Ayuntamiento, también cuando se dictó la primera sentencia o después cuando fue diputado provincial de Turismo la respuesta de Albaladejo fue el silencio. «Sin embargo, cuando asumió el cargo de diputado nacional renunció a ser administrador único de la empresa que estaba gestionando. Al parecer los ciudadanos de Torrevieja y la provincia le importaban un bledo. Qué curioso para ser diputado en Cortes ahí va y renuncia al cargo que tenía porque sabía que esto le podía traer consecuencias».
Joaquín Albaladejo explicó hace unos días que se limitó a solicitar una compatibilidad y que lo que ha anulado el TSJ es el acuerdo plenario por el que se autorizó. También indicó que durante ese periodo «impulsó cinco presupuestos municipales» sin que esa compatibilidad le impidiera ejercer con toda dedicación su cargo de edil de Hacienda.
La de ayer fue la primera rueda de prensa que convoca Los Verdes en su sede fuera del Ayuntamiento en los últimos tres años y medio.
