San Miguel de Salinas no quiere una mina de yesos en su término municipal. Ayer quedó muy clara la postura de sus vecinos en una multitudinaria marcha, la mayor que se recuerda en años en la localidad, en la que participaron más de 800 personas en un municipio con poco más de 6.000 habitantes. El objetivo de la protesta, organizada por la Coordinadora Vecinal de San Miguel de Salinas con el apoyo de la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel, era exigir a la Generalitat Valenciana que no conceda los permisos de investigación solicitados por una empresa para hacer sondeos sobre unos terrenos de 1.400 hectáreas, de las cuales 1.065 se superponen con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor.
La marcha estuvo encabezada por una pancarta en la que se podía leer: «En defensa de nuestra tierra, ¡Stop a la mina!». Aunque en un principio no estaba prevista la participación institucional del Ayuntamiento, finalmente todos los concejales de la corporación municipal, a excepción del alcalde que ha excusado su ausencia, han acudido a la protesta portando su propia pancarta con el lema «el Ayuntamiento en contra de los sondeos de la mina de yeso». Ediles de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento -PP, PSOE, IU y UPyD- sostuvieron la misma durante el recorrido.
Como avanzó INFORMACIÓN, el 31 de agosto se publicó en el diario oficial de la Generalitat el inicio del trámite para la ubicación de una mina de yeso en San Miguel de Salinas con una superficie de prospección de 1.450 hectáreas en la fachada noroeste del municipio. El presupuesto del permiso de investigación es de 490.000 euros. La propuesta parte de la empresa «Rio de Aguas SL», que forma parte del grupo almeriense Torralba, y se encuentra actualmente en periodo de exposición pública.
Manifiestos
La marcha se inició pasadas las 12 del mediodía y recorrió la principal vía de la localidad, la calle 19 de abril, hasta la plaza de la Iglesia y contó también con la participación de un gran número de numerosos residentes extranjeros que viven en el municipio, quienes mostraron carteles en varios idiomas. Al finalizar el recorrido se leyeron manifiestos por parte de los portavoces vecinales y también del teniente alcalde de San Miguel, Sergio Correas, quien recordó que el pleno del Ayuntamiento acordó la pasada semana, por unanimidad, enviar alegaciones en contra del expediente que lleva a cabo la Generalitat Valenciana para la concesión de los permisos de investigación denominado «Eva número 2777, para recursos de la sección C, yesos».
La base del recurso es que las actividades que se pretenden realizar se encuentran en suelo no urbanizable de carácter protegido supramunicipal, ya que los terrenos donde se pretende la investigación forman parte de la Red Natura 2000 y en concreto en zonas de especial protección para las aves (ZEPA), así como también se hallan incluidos en los terrenos que forman parte del Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR). Del mismo modo una parte de ellos se encuentran afectados por el procedimiento de declaración de paisaje protegido y de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los recursos naturales (PORN), de Sierra Escalona y su entorno.
Cancelación
Por su parte, un portavoz de los vecinos, Manolo Gómez, explicó que el objetivo de la protesta es «solicitar la cancelación del permiso de investigación de la mina de yeso y de apoyo a las alegaciones que vamos a presentar» y puso de manifiesto el perjuicio que para la economía del municipio supondría la instalación de la misma. «Además del impacto turístico, caería en picado el valor de los inmuebles y afecta muy especialmente al patrimonio natural». «Una mina de yesos de esas dimensiones sería catastrófica para el municipio», dijo Gómez, quien destacó «la unidad» de vecinos y Ayuntamiento contra el proyecto.
Los vecinos temen que si la Generalitat concede a la mercantil el permiso de investigación ya no se pueda dar marcha atrás, ya que la Ley de la Minería, en vigor desde 1973, establece que la empresa que reciba un permiso de ese tipo puede solicitar después la concesión de explotación y puede declararse el proyecto de utilidad pública, que es la vía para la expropiación forzosa, «y entonces tendría derechos adquiridos y será muy complicado echar para atrás el proyecto», señala el portavoz vecinal. «Tienen 3 años para hacer exploraciones con el permiso de investigación, pero en cuanto detecte la empresa que el yacimiento les interesa, porque les es rentable, pueden pedir cuando quieran el permiso de explotación», lamentó.
La coordinadora vecinal, creada para impedir el proyecto de la mina de yesos, está recogiendo firmas -ya llevan 2.000- y presentará la próxima semana sus alegaciones, 12 en total, basadas en que las prospecciones afectarían a una zona ZEPA; al futuro parque natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor; las afecciones colaterales de la explotación tales como el riesgo de un aumento de la actividad sísmica (los terrenos se sitúan sobre la falla de San Miguel de 17 kilómetros y la empresa no ha hecho estudio de sismicidad); la falta de informes sobre el impacto que ocasionaría la mina en las viviendas (estaría a 50 metros del casco urbano); o que la descripción del entorno que sustenta el Proyecto de Investigación pertenece a las poblaciones de Lucainena de las Torres y Sorbas en Almería, y no de San Miguel de Salinas y de Orihuela, donde realmente pertenecen los terrenos afectados, ya que la empresa ha hecho un «corta y pega» de un proyecto presentado en esos municipios almerienses sustituyendo sus nombres por los de la Vega Baja. Los vecinos anuncian que continuarán con las protestas hasta que la Generalitat Valenciana deniegue los permisos de sondeos e investigación a la empresa que ha solicitado realizarlos en San Miguel de Salinas.
