La Coordinadora Vecinal en contra del proyecto de prospecciones y explotación de una mina de yesos en San Miguel de Salinas ha logrado, en tan solo unos días de campaña, recoger más un millar de firmas de rechazo a la propuesta. El mismo colectivo, en coordinación con la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel, ha convocado una manifestación para el próximo domingo día 14 a las doce de la mañana. La concentración partirá desde la sede de la Asociación atravesando el principal vial del casco urbano, la calle 19 de abril, hasta la plaza de la Iglesia.
La coordinadora explica que la oposición tiene que ser frontal desde el principio porque la ley de Minas confiere a las empresas con autorizadas de investigación geológica sobre el terreno derechos sobre el suelo en caso de que finalmente consideren rentable la explotación.
La propuesta de la empresa Rio de Aguas S.L., que forma parte del potente grupo almeriense Torralba, actualmente en periodo de exposición pública, está generando gran preocupación entre los vecinos de las urbanizaciones. Temen que el valor de sus propiedades se vea rebajado si la iniciativa, a desarrollar en una amplia zona entre Sierra Escalona y el casco urbano de 1.400 hectáreas, sale adelante.
El primer impulso en contra de la investigación ha partido de quienes ven en peligro la zona natural protegida de Sierra Escalona. Paradójicamente, también se están movilizado a la hora de oponerse al proyecto empresas inmobiliarias y constructoras: el municipio vive del turismo residencial y la actividad económica de servicios que genera.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Miguel (PP y UPyD) ha expresado con claridad su rechazo al proyecto, aunque considera que la protesta es prematura, genera alarma social y «se está utilizando políticamente», porque ni tan siquiera se ha autorizado la investigación geológica. El alcalde, Ángel Sáez, según fuentes de la Coordinadora, no tiene previsto respaldar la protesta.
El Ayuntamiento ha aclarado que ha registrado alegaciones contra la petición de investigación de la firma. La solicitud describe que solo en la fase de investigación tiene previsto invertir medio millón de euros a lo largo de tres años prorrogables.
El municipio espera que con estas alegaciones, que ha aprobado por unanimidad de todos los grupos (PP, PSOE, UPyD e IU) en pleno extraordinario hoy, se pueda tumbar el permiso. No está nada claro cómo la servicios territoriales de la Conselleria de Economía han estado tramitando la solicitud desde 2016 sin que la iniciativa fuera trasladada ni al Ayuntamiento ni a la Conselleria de Medio Ambiente en València.
