El bloqueo a la nómina de 700 funcionarios puede prolongarse dos meses

Ayer el alcalde José Manuel Dolón, en rueda de prensa, dejó claro que no hay una solución fácil a corto plazo al impago de las nóminas. El informe de reparo suspensivo puede ser levantado por el alcalde si cuenta con uno de discrepancia de otro técnico. Solo podría desbloquear la situación un cambio de criterio de la jefa del departamento de Tesorería, que es el órgano gestor de las nóminas, emitiendo un informe de discrepancia del criterio de Intervención -algo que de momento, no ha hecho-. Según fuentes municipales, sin ese cambio de criterio, y en el actual escenario, los funcionarios podrían estar sin cobrar dos meses.

CC OO, que cuenta con representantes en la junta de personal, indicó que sus servicios jurídicos han estudiado ese informe suspensivo. También los realizados por los servicios municipales de Recursos Humanos a lo largo de este mes de agosto precisamente para evitar la situación de bloqueo de las nóminas. La misma fuente indicó que la decisión de denunciar es firme al margen de si en los próximos días se desbloquea el pago de la nómina.

Intervención considera ilegal el pago porque incorporan desde hace muchos años un complemento de productividad desvirtuado, sin mecanismo de control que y se abona de forma periódica y automática.

Por su parte, el área de Personal ha aportado varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a favor de funcionarios del Ayuntamiento -y acatadas por la administración local- que avalan que esa percepción es un derecho consolidado a los funcionarios.

Personal ya «salvó» el reparo a la productividad, pero el correspondiente a las nóminas sería competencia ahora de Tesorería. La opción de que decida la Intervención de la Generalitat tampoco es fácil. Solo puede resolver mientras que un reparo está activo -en este caso con las nóminas bloqueadas- y como resultado final no tiene por qué quitar la razón al área de Intervención.

Responsable: el alcalde

El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) señaló ayer que hasta el 5 de septiembre el Ayuntamiento puede hacer efectivo el pago de las nóminas y desde el día 10 se pueden reclamar intereses de demora. Ayer en el pleno ordinario, y antes, en rueda de prensa, explicó la situación y pidió perdón a los funcionarios por una situación, para la que reiteró, busca solución desde hace más de un mes y está sobrevenida por un cambio de legislación estatal que otorga al área de Intervención una competencia de fiscalización plena a la hora de atajar situaciones de irregularidad económica.

A ese mismo pleno acudió un nutrido grupo de funcionarios que en un tenso turno de ruegos y preguntas responsabilizaron al alcalde de la actual situación, al igual que el portavoz del PP Eduardo Dolón -que recordó el gran número de servicios que paga el municipio levantando reparos -. Muchos de ellos no pudieron entrar al salón de plenos porque el aforo máximo se había cubierto.

El edil de Hacienda, José Hurtado (Los Verdes) replicó que los «primeros que ahora reclaman que el alcalde levante el reparo sin informe de discrepancia serían los que lo llevarían al juzgado si firmara el pago sin ese informe», mientras que la portavoz socialista Fanny Serrano fue la única edil de la Corporación que expresó públicamente -a título personal- su criterio jurídico en contra de los informes de la Intervención.

Tanto el PP como Ciudadanos, a través de su portavoz Pilar Gómez, recordaron que servicios como el de la recogida de basuras, transporte urbano o limpieza de edificios municipales se abonan mes a mes pese al informe de reparo de la interventora. Algo que atribuyeron al alcalde.

El primer edil recordó en este sentido que el levantamiento de reparo es un procedimiento reglado en la legislación y no arbitrario. Siempre requiere un informe de discrepancia del órgano gestor de la materia contra la que se ha informado el pago para levantarlo.