La concejal de Playas de Orihuela durante el pasado mandato, Martina Scheurer (Los Verdes), se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel por el presunto amaño del concurso para gestionar los chiringuitos playeros, adjudicados en 2014 a la empresa Chiringuitos del Sol. La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a la exedil de cometer delitos de prevaricación administrativa en concurso de fraude y revelación de información privilegiada. El Ministerio Público ha solicitado al juez la apertura de juicio oral para sentar en el banquillo a Scheurer y ha pedido también que sea inhabilitada para ocupar cargos públicos durante un periodo de 15 años.
El escrito de acusación del Ministerio Público defiende que el procedimiento administrativo impulsado por el Ayuntamiento de Orihuela para licitar el servicio en playas «no fue más que un mero paripé» dado que la entonces concejala y el representante de la citada mercantil, Thomas Herteux, «hicieron todo lo posible para cerrar o limitar la adjudicación a cualquier otra empresa que no fuera Chiringuitos del Sol». El fiscal sostiene que Scheurer «estaba dispuesta a dispensar cuantos tratos de favor fueran necesarios en injusto beneficio de la empresa» para que ganara el concurso.
Por estos hechos, Anticorrupción acusa también a Herteux de haber cometido un delito de prevaricación administrativa en concurso con el delito de fraude, y otro de uso de información privilegiada. Por todo ello le pide cinco años y nueve meses de cárcel, así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas y contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante cuatro años.
El fiscal Pablo José Romero mantiene que los dos acusados se concertaron para que en los pliegos que regirían la contratación se introdujera una exigencia concreta: estar en disposición de la «Q de calidad turística». Según su escrito de acusación, la decisión de incluir ese requisito fue comunicada por la concejala al representante de la empresa antes de que se redactaran los nuevos pliegos. Así, la mercantil tuvo tiempo suficiente de conseguir ese distintivo, de tal forma que lo tenía listo en el momento en el que se hizo pública la licitación.
«Actuando de esa forma los acusados contravinieron de forma consciente y radical los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público»... por lo que «además de actuar de forma arbitraria, asegurando la adjudicación a favor de la mercantil, obraron en fraude de los intereses municipales». El fiscal destaca además que para la obtención de ese distintivo hacía falta un trámite que se alarga cinco meses, mientras que el periodo de presentación de ofertas para las mercantiles interesadas era sólo de 20 días, por lo que ninguna podía obtenerlo. Además, Chiringuitos del Sol lo consiguió unos pocos meses antes de que saliera el concurso, mientras que en los siete años anteriores, desde 2006 a 2013, no se preocupó por disponer de ese emblema. Las tres otras empresas candidatas a gestionar el jugoso contrato quedaron excluidas del procedimiento al no disponer de esa «Q de calidad». Posteriormente denunciaron los hechos que dieron lugar a la instrucción judicial.
Deuda pendiente
Otra de las irregularidades detectadas por el fiscal se refiere a que en el momento de presentarse al concurso, la empresa Chiringuitos del Sol mantenía deudas con el Ayuntamiento, en concreto por no haber pagado el canon de Costas de años anteriores, que ascendía a cerca de medio millón de euros. Aunque ese era un motivo para excluirla del proceso, y eso era algo que conocía la concejala, ese fue un hecho que se pasó por alto y se le permitió abonarlo con posterioridad.
Otro de los hechos que destaca el fiscal es que en el año 2005 el contrato de los chiringuitos salió a concurso con un precio base de licitación de 200.000 euros y Chiringuitos del Sol se lo adjudicó al ofrecer 720.000 euros. Sin embargo en 2014, el precio de partida era de 350.086 euros y la empresa ofreció solo 363.000 euros.
«Como consecuencia de las torcidas manipulaciones del expediente de contratación, en la licitación de 2014 Thomas Herteux ofertó esa cantidad al ser consciente de la prácticamente segura adjudicación a su favor del contrato y, por lo tanto, en ausencia de competidores, únicamente con abonar un precio cercano al mínimo establecido para cumplir los requisitos sería suficiente para obtener la contrata», sostiene la Fiscalía.
