El debate plenario del «examen» del informe del plan de control financiero permanente del Ayuntamiento de Torrevieja se prolongó bastante más que un simple «dar cuenta». El documento de la interventora, que hace suya una auditoría externa, advierte en sus conclusiones numerosas irregularidades en la gestión económica y patrimonial de varias áreas municipales desde el anterior mandato a 2017. A juicio de los auditores y la habilitada nacional en el acuerdo de prórroga de 15 años del Ayuntamiento con la empresa que explota el parque acuático en suelo municipal, rubricado en 2016 y que entró en vigor en 2017.
Además, también destaca, la supuesta falta de justificación del gasto de subvenciones por valor de 270.000 euros de la delegación en Torrevieja de la Federación de Padres de Alumnos «Gabriel Miró» para el transporte escolar en el anterior mandato, asunto por el que ya se inició un procedimiento de recuperación. Todo estará en manos del Tribunal de Cuentas en un periodo de tiempo inferior a tres meses. De momento, el PP no ha avanzado si tiene previsto incorporar esta documentación a la causa judicial que en su día el juzgado archivó por este asunto, archivo que el PP asegura que es provisional.
El portavoz del PP, Eduardo Dolón, solo tuvo que pedir a la secretaria que leyera la conclusiones en el caso del parque acuático para resumir el asunto: entre otras muchas anomalías señala que se extrajo el trámite de prórroga de la esfera pública; debió instruirse, a su juicio, un procedimiento administrativo para la adjudicación del suelo en arrendamiento. También que la valoración del suelo municipal para fijar el canon era 1,4 millones menor que la que tiene registrada la propia empresa en sus cuentas.
La edil Fanny Serrano (PSOE) recordó que la interventora no ha estimado que de esas irregularidades, que un lapsus ella misma denominó «caso» Aquópolis, se pueda derivar una responsabilidad penal: no ha enviado el asunto al juzgado. Tampoco pide que se adopten medidas inmediatas -como sí hizo con las subvenciones-. Ni recoge recomendaciones inmediatas como sí se hace para otros apartados de la gestión municipal. Recordó que el acuerdo se adoptó con todos los informes favorables en 2016 de los técnicos y que los técnicos son los que han alegado reafirmándose en la legalidad del acuerdo «porque la prórroga mantenía su naturaleza de arrendamiento privado regido por el código civil».
El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), que debe abordar ahora un plan para resolver las «debilidades» expuestas en la auditoría, recordó que el plan de control y auditoría es una imposición del gobierno central a los ayuntamientos- no exclusiva de Torrevieja- «para evitar que se repita su saqueo». Algo que tensó un debate con tiempos de intervención bastante más generosos con el equipo de gobierno que el PP.
Comisiones informativas
Por otra parte, el pleno aprobó la moción presentada por Sueña Torrevieja para retirar el título de hijo adoptivo a Francisco Camps, otorgado en su día por en sesión plenaria a propuesta del alcalde Pedro Hernández (PP) . Ayer seis de los siete grupos en la Corporación -el PP se abstuvo- votaron a favor de esta propuesta que ya se había tomado en consideración antes. El portavoz del Sueña, Pablo Samper, argumentó la petición en las vinculaciones de Camps a varias causas abiertas por supuestos casos de corrupción durante su mandato.
La sesión aprobó por unanimidad de todos los grupos un cambio en el reglamento municipal por el que se le podrá dar acceso a las comisiones informativas a colectivos o entidades cuando los asuntos que se vayan a tratar en esos órganos colegiados les afecten y muestren interés por acudir a las sesiones. La moción fue presentada por José Hurtado (Los Verdes), aunque Ciudadanos ya había planteado una propuesta similar con anterioridad.
Playa canina
Al final del pleno, y del turno de ruegos y preguntas, dos vecinas de Punta Margalla, quisieron intervenir para cuestionar la creación de playas caninas en esta zona del litoral torrevejense cercano a la playa del Cura. No pudieron hacerlo porque ni en los puntos de dar cuenta, ni en ruegos y preguntas, ni tampoco en el resto de puntos ordinarios se abordaron temas relacionados con las playas caninas. El reglamento del pleno impide que los vecinos que acuden de público puedan preguntar por algo ajeno a lo que se ha abordado el debate. Las vecinas mostraron un cartel de rechazo al alcalde.
