La interventora del Ayuntamiento ha hecho suyas las conclusiones de la auditora externa Global & Local que señala una batería de irregularidades en la concesión de una prórroga de15 años a la empresa que explota el parque acuático sobre un bien patrimonial municipal -unos 90.000 metros cuadrados-. El análisis de ese acuerdo y sus anomalías, aprobado en junta de gobierno en 2016, aparece en el plan de de control financiero permanente del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, que además se llevará a pleno ordinario el próximo 26 de julio.
Para la funcionaria habilitada nacional la aprobación de una prórroga no prevista en el contrato de arrendamiento inicial -en 1987- «supone extraer de esfera pública la gestión de un bien municipal donde se desarrolla una actividad económica, contraviniendo, de facto, la normativa aplicable». El contrato de arrendamiento de este suelo se firmó en aquel momento entre particulares -la empresa que iba a construir el parque acuático y una familia de promotores locales-.
Poco después el Ayuntamiento se asumió ese mismo acuerdo para obtener la cesión gratuita de ese suelo. En el contrato de arrendamiento se decía que no se contemplaban prórrogas y que las instalaciones revirtirían al municipio a los 30 años -a principios de 2017-formando parte del pago del arrendamiento. Según los economistas que analizaron este acuerdo y la propia interventora, el Ayuntamiento podría haber dispuesto «íntegramente del bien, y promover la explotación del parque acuático mediante la tramitatación del oportuno expediente». El documento insiste -y mucho- en que esos terrenos son un bien patrimonial y el Ayuntamiento «podría haber determinado un plazo acorde con la naturaleza de la activadad para su correto funcionamiento y salvaguarda del patrimonio municipal, marco al que debería ajustar el adjudicatario resultante del procedimiento».
Sin embargo el Ayuntamiento optó por prorrogar el arrendamiento durante 15 años, sin mediar un procedimiento de adjudicación, según describe el informe.
En la contabilización por parte de la mercantil que explota el complejo de los activos reversibles respecto al valor del mercado que sirvió para fijar el canon al Ayuntamiento en 2017 existe una diferencia de 1,4 millones de euros.
El municipio valoró esas instalaciones en 4,1 millones mientras que la propia empresa, en sus cuentas, dice que esas instalaciones valen 5,5 millones. Con esa valoración el canon hubiera sido superior a los 248.000 euros que va a recibir el municipio anualmente durante 15 años.
Exención del IBI
En las mismas conclusiones se advierte que el recinto disfruta de una exención del pago del IBI -desde 2009- que no se ampara en la aplicación de la ordenanza fiscal y «resulta contraria al principio de eficiencia y rentabilidad que debe primar en la gestión de los bienes puramente patrimoniales».
La prórroga fue validada con los informes favorables de la arquitecta que realizó la valoración que sirvió para fijar el nuevo canon, que quintuplica al que el municipio recibía hasta 2017, un informe de una técnico en Turismo, el informe de la secretaria general del pleno -al que casi no se menciona en el informe final de la Intervención- y el de la propia Interventora.
En el caso de esta funcionaria se trató de una fiscalización previa, que indica si la prórroga afectaba a partidas del presupuesto municipal, sin ir al fondo del acuerdo.
El alcalde José Manuel Dolón (Los Vedes) y la edil de Turismo y Urbanismo, Fanny Serrano (PSOE), no se pronunciaron sobre este informe que ayer se abordó en comisión informativa previa el pleno. La auditoría concluyó su informe el 18 de febrero. La interventora lo ha asumido el 26 de junio.
