La Junta de Gobierno de Orihuela ha acordado hoy seguir con el proceso de adjudicación del servicio de chiringuitos en las playas. Ello a pesar de que la Mesa de Contratación -integrada por técnicos- ha pedido que se paralice debido a los cuatro recursos que se han presentado en contra del procedimiento. En ese sentido, ha advertido que de si se continúa con el trámite se podrían causar perjuicios de imposible o difícil reparación, pero el Partido Popular y Ciudadanos han rechazado esa advertencia.

La concejala de Playas, Luisa Boné (Ciudadanos), ha justificado esa decisión debido a que "la ley te dice que no hay que suspender el procedimiento" y porque en los recursos presentados no se ha pedido suspender el trámite de adjudicación, sino que se solicita "la nulidad del anuncio de la publicación del procedimiento y la nulidad de los pliegos". Boné ha explicado que el área de Contratación del Ayuntamiento ha redactado un informe dirigido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en el que explica los motivos por los que se deben rechazar esos recursos. "Hay que ser prudentes, pero las cosas se han hecho bien y nuestra decisión está fundamentada", ha añadido.

Boné ha defendido que el Ayuntamiento "no puede perder más tiempo en algo tan importante porque prima el interés general". En ese sentido, ha asegurado que el procedimiento seguirá pero no se abrirán los sobres con las ofertas económicas de las seis empresas que pujan por hacerse con la concesión hasta que queden resueltos los citados recursos.

Los recursos que se han presentado son de dos tipos: recurso especial de contratación y recurso de reposición. Pues bien, la Mesa de Contratación ha estimado oportuno que sea el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales quien se pronuncie y diga cuál de esos procedimientos hay que resolver, el de reposición o el especial de contratación, ya que uno invalida el otro.

Una vez que esa incógnita se despeje habrá que resolver los recursos en sí mismos y el consistorio tiene un plazo de un mes. Además, habrá que dar cuenta de ello a las seis empresas que aspiran a hacerse con el contrato porque tienen derecho a presentar alegaciones, con el consecuente aumento del plazo de tramitación. Después, si se considera que la licitación ha incurrido en errores o irregularidades, habría que empezar el proceso desde el principio.

Lo que los técnicos han dejado claro es que si el procedimiento continúa en las circunstancias actuales, y se abren los sobres de documentación técnica y las ofertas económicas, y luego se tuviera que anular todo el proceso por los recursos, "dificultaría de manera importante la reanudación del procedimiento al ser públicas tanto la propuesta técnica como, especialmente, las ofertas económicas". Y ese posible perjuicio "sería ocasionado tanto a los recurrentes como al resto de empresas, que perderían ciertas ventajas competitivas al tener que redactar nuevamente nuevas proposiciones".

Todo apunta a que los técnicos seguirán analizando todo este proceso sin prisa y de forma meticulosa teniendo en cuenta que la anterior adjudicación está enfangada por un presunto caso de corrupción que acabó con la adjudicación del servicio a la empresa Chiringuitos del sol. Por ello está procesada la exedil de Playas, Martina Scheurer. Ese fue el motivo por el que el equipo de gobierno actual decidió que no prorrogaría el contrato con esa firma. En noviembre de 2017, la edil Luisa Boné anunció que en junio de 2018 acabaría la contrata con Chiringuitos del sol y se licitaría de nuevo. Sin embargo, días después de Semana Santa los 11 chiringuitos fueron precintados y cerrados. El gobierno dijo entonces que había habido una confusión y que, en realidad, el contrato había vencido en noviembre de 2017.

Desde el 12 de abril, las once playas de Orihuela Costa carecen de servicio de restauración al no tener chiringuitos. También están cerrados los aseos (aunque el Ayuntamiento ha puesto algunos portátiles en ciertas playas), y no hay hamacas ni sombrillas ni actividades de ocio y deporte. La concejala socialista María García, en la oposición, ha criticado hoy la gestión que el gobierno oriolano ha realizado de todo este asunto, que ha calificado de "pésima" dado que "no se ha tenido ningún tipo de previsión y las consecuencias las pagan los ciudadanos". "Veremos qué pasa al año que viene con las 11 banderas azules", ha subrayado la edil del PSOE. García se teme que ya hay turistas que se están yendo a playas cercanas como las de Pilar de la Horadada, que sí ofrece todos los servicios que se esperan de un municipio turístico.