Uno de los alcaldes más veteranos de la Vega Baja se sentará esta semana en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación administrativa. Se trata del socialista Luis Vicente Mateo, que gobierna Benferri desde hace 19 años encadenando mayorías absolutas. El regidor está acusado de ocultar informes del interventor con reparos al pago de sus dietas y desplazamientos; unos emolumentos que cobró de forma supuestamente irregular saltándose el control municipal. La Fiscalía Anticorrupción pide inhabilitarlo durante nueve años para cargo público y el Partido Popular (PP), que ejerce la acusación, exige que se le aparte de la política durante una década.
Luis Vicente Mateo se enfrenta al juicio arropado por la dirección comarcal del PSOE, que defiende que se trata de un tema menor que en cualquier caso «no es corrupción». Sin más. Aún así, en el entorno socialista ha causado cierto malestar y sorpresa que el alcalde benferrejo no hubiera informado a su partido de que será juzgado el próximo viernes. De hecho, los principales responsables de la Vega Baja conocieron la inminente celebración del juicio tras la llamada de este diario para conocer si se tomaría alguna medida disciplinaria. El secretario socialista en la Vega Baja, Manuel Pineda, aseguró que será remitido un expediente a la dirección del PSPV en València para que «estudie el caso y vea el nivel de gravedad». No obstante, dijo desconocer si el partido tomará alguna medida antes de que se celebre la vista oral.
Los hechos que llevarán a juicio a Luis Vicente Mateo se remontan a octubre de 2014, cuando el interventor del Ayuntamiento puso reparos al pago de 962,09 euros de unas dietas por kilometraje y representación que pasó el alcalde. Esto mismo sucedió con otros pagos por importe de 472 y 820 euros, respectivamente, los cuales se fueron formalizando a pesar de las advertencias del funcionario municipal. El regidor hizo caso omiso a la exigencia del interventor, que le pidió que justificara esos gastos ante el Pleno. Lo que hizo fue firmar un decreto ordenando que los reparos fueran retirados del registro de entrada, ocultándolos a la oposición. El fiscal entiende que Mateo infringió «de forma radical las normas esenciales y básicas que regulan el procedimiento» legal, con un comportamiento «torticero» con el objetivo de «que no se diera publicidad en el Pleno de la corporación de los reparos presentados» por el interventor, con lo que «obstaculizaba, sin justificación legal alguna, la labor de control político de la oposición». La acusación pública entiende que su pretensión fue entorpecer su labor a la oposición con esos «mendaces propósitos». El regidor, por su parte, siempre se ha declarado inocente y acusa al funcionario municipal de boicotear su gestión.
Según la oposición del PP, el regidor de Benferri está envuelto en otras causas judiciales por presuntas irregularidades en su gestión, todas ellas impulsadas por el secretario del consistorio.
